El peor de los miedos es a la verdad. De ejercer poder el que lo tiene, ofende, agrede y atropella. Así se manifiesta su miedo.

“…no soy más que un muchacho”.
En la Biblia, Antiguo Testamento, Libro de los Reyes, se relata que en sueños Salomón le dijo al Señor: “…yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar”; y siguió: “Por eso te pido me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal”. El Señor le contestó: “Por haberme pedido sabiduría, y no una larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino el discernimiento para juzgar con rectitud, yo te concedo lo que me has pedido: te doy un corazón sabio y prudente”.

Los diez minutos para la muerte cruzada
El jueves 4 de agosto del 2011 se publicó que en entrevista de la víspera con periodistas extranjeros, el presidente Correa declaró que si el Gobierno pierde la mayoría en la Asamblea, “en diez minutos tendremos motivo para aplicar el mecanismo de muerte cruzada”.

¿Por qué el miedo a convivir en democracia con un Congreso no sometido?

¿Hay temor de que la legislación de abuso del poder y la inexistencia de la fiscalización política se reviertan?

Los organismos del Estado han sido ineficientes para evitar y sancionar la corrupción. ¿Habrá miedo a que la fiscalización sirva para perseguirla, o será solo soberbia del poder que se convierte en encubrimiento?

La muerte cruzada resulta anuncio para alinear a asambleístas limosneros de la benevolencia gubernamental.

Fernando Cordero hace lo suyo. No convoca a sesión hasta que el toma y daca le permita sumar votos a favor y en blanco.

El “Sí, señor”
¿Se dará la reproducción múltiple de jueces Juan Paredes, quien falló en la causa penal contra EL UNIVERSO?

Se han escrito muchas líneas sobre la redacción del fallo en referencia a partir de las 00:15 del 20 de julio del 2011, apenas a 8 horas de haber concluido la audiencia final del 19 de julio –que duró desde las 10:05 hasta pasadas las 16:00–, después de que el juzgador había estado ausente de la causa 38 días, con escaneo de partes procesales y la pega de párrafos tomados de Google.

La ley y la ética mandan que un juez no debe juzgar por afectos o desafectos, ni por lo subjetivo de las partes.

En la causa indicada, el juez interioriza en la mente del querellante y afirma conocer sus intenciones, cuando decide que la suma de daños y perjuicios –40 millones de dólares que condena a los encausados pagar al presidente Correa– sea el medio del uno por mil de la suma de los presupuestos del Estado de los cinco años de Correa, del 2007 al 2011, que él estima en más de ochenta mil millones de dólares.

Expresa el juzgador:

“...la pretensión de daños y perjuicios demandados en la querella, en ningún momento tiene la intención de enriquecimiento sino de una justa valoración del daño emergente y lucro cesante ocasionados en su honor y buena fama”.

Palabras esperables de abogados defensores o de confidentes de cabecera.

Un juzgador debe fijar daños y perjuicios, de proceder aquellos, por las pruebas y no por lo que imagina es la intención del querellante.

Y esa redacción fue antes del anuncio presidencial que el monto iría al proyecto Yasuní, lo que convertiría la supuesta indemnización en confiscación, porque ya ni honor ni buena fama repararía económicamente, infectando además al proyecto Yasuní al pretender trasladársele fondos a confiscar.

Está demás decir que la persecución a EL UNIVERSO y a los encausados ha tenido repercusiones infinitamente superiores al artículo ‘No a las mentiras’ de Emilio Palacio.

La noche del 30-S
El juicio contra EL UNIVERSO actualiza el debate sobre lo sucedido en la noche del 30-S, que hay que desagregarlo de lo que sucedió en la mañana, cuando fue la insubordinación de personal de la Policía Nacional, que también se dio –y ahí se actuó con tino– en el Ministerio de Defensa y en la Base Aérea de Quito.

Esa insubordinación y la agresión al presidente Correa deben juzgarse, más allá de las imprudencias que se produjeron.

En la noche del 30-S había un poder constituido en pleno ejercicio.

El presidente Correa y el ministro de Defensa, Javier Ponce, señalan que la orden presidencial solo fue que se haga la operación militar de rescate del presidente.

Los responsables estaban obligados a recordar que el Ecuador es signatario del Convenio de Ginebra que prohíbe la incursión militar en un hospital civil –lo es el de la Policía– aun cuando haya personas beligerantes, caso en que, para hacerlo, establece el Convenio, debe darse previo aviso para que desalojen.

¿Por qué no se dio previo aviso y se prefirió el factor sorpresa, unido al uso progresivo del armamento?

De haberse acatado el Convenio de Ginebra y dado previo aviso, ¿se habrían evitado las muertes que se produjeron?

¿Usó el armamento el personal militar? Lo expresan los informes del mando policial que acompañó al presidente Correa.

¿Por qué no coordinaron el operativo las Fuerzas Armadas con el mando policial que seguía leal a Correa, lo que generó enfrentamientos con tropa no insubordinada?

¿Quién ordenó llevar al presidente Correa a la sala de neonatos para protegerlo?

¿Se retiraron proyectiles de los cuerpos de los fallecidos, sin la autopsia de Ley, imposibilitando saber su calibre y las armas desde las que se dispararon esa noche?

¿Por qué la madrugada del 1 de octubre, horas después de los acontecimientos, se limpiaron los vestigios, incluyendo los casquillos de los proyectiles que se dispararon, sin esperar la actuación de la Fiscalía?

Tantas cosas por saber que nos aproximarían a la verdad. ¿Habrá que ir a la justicia internacional para conocerlas?

El peor de los miedos es a la verdad. De ejercer poder el que lo tiene, ofende, agrede y atropella.