No ser abogado y, por tanto, no conocer nada sobre el funcionamiento del Poder Judicial no fue obstáculo para que el presidente Rafael Correa escogiera a Paulo Rodríguez Molina como su delegado en el Consejo de la Judicatura de transición que, según la reforma constitucional aprobada en la pregunta 4 del referéndum, reestructurará las cortes en 18 meses.

Rodríguez Molina, a quien sus amigos conocen como “el hombre del corbatín por la prenda que solía usar en su juventud, es ingeniero en Telecomunicaciones, graduado de la Universidad Politécnica del Ejército (ESPE); con especializaciones en competitividad, gestión de empresas, sistemas informáticos y otros.

Pero tal experiencia es, según lo dijo Correa en el enlace del sábado pasado, una muestra de que el Gobierno no quiere “poner un solo juez”, sino “modernizar todo el sistema de justicia aplicando herramientas informáticas para la eficiencia, control y rendición de cuentas”.

Publicidad

La misma modernización que, a criterio del mandatario, Rodríguez llevaba adelante “con éxito” en el Registro Civil desde el 6 de agosto del 2009, cuando asumió la dirección general. Fue el tercero en ese cargo en el gobierno, luego de César Frixone y Fernando Navia.

Técnicos en informática consultados consideran, sin embargo, que si bien se ha iniciado un proceso de rehabilitación de la infraestructura de las agencias, todavía persisten los problemas de subregistro o falsificaciones, a más de que no existe una base de datos nacional integrada.

Rodríguez llegó a ese puesto por recomendación de la actual ministra de Industrias, Verónica Sión, con quien colaboró en el Consejo Nacional de Competitividad (CNPC) durante más de tres años.

Publicidad

Ella asumió la dirección de ese Consejo a principios del 2005 tras la renuncia de Joyce Higgins. Rodríguez, quien era asesor de la empresaria, permaneció en el CNPC.

Cuando Correa llegó al poder inicialmente ratificó a Sión en el cargo. En el 2008, la nombró Ministra de Turismo, y Rodríguez asumió la dirección del CNPC, organismo que fue absorbido por el Ministerio Coordinador de la Producción.

Publicidad

Eduardo Egas, directivo de la Corpei, agencia que hasta el año pasado promovía las exportaciones, recuerda al ahora delegado en la CJ como un profesional sumamente técnico, responsable y comprometido.

A él –junto con Sión– le atribuye la introducción del concepto de competitividad en el país, así como la elaboración de los primeros estudios respecto a la situación de las empresas nacionales en ese aspecto.

“Sus informes dieron pistas de lo que debía hacer el país, por ejemplo, para reducir la tramitología, los plazos para constituir empresas”, dice Egas.

Pero la asambleísta Betty Amores (antes de PAIS) comenta que esa vinculación con Joyce Higgins “hace dudar de su independencia”.

Publicidad

Tal designación, al igual que la de Johanna Pesántez (cercana al PSC) en el Ministerio de Justicia “reflejan la derechización del gobierno del presidente Rafael Correa”.

Antes de su paso por el CNCP, Rodríguez fue gerente de relaciones internacionales del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) durante el gobierno de Gustavo Noboa.

José Pileggi, quien entonces era presidente del organismo, lo describe como una persona con “gran capacidad para relacionarse con la gente”.

En esa época, Rodríguez no destacaba por su labor técnica, ya que se encargaba de establecer nexos con entes de telecomunicaciones internacionales.

El vocal del actual CJ, Ulpiano Salazar, no duda de la experiencia que posee Rodríguez en administración e informática, pero advierte que un profesional del Derechos conoce más a fondo el trabajo de los operadores de justicia y podría tomar mejores decisiones.

En cambio, el presidente de la Federación Nacional de Judiciales del Ecuador (Fenaje), Ángel Rubio, ve con “optimismo” el nombramiento de Rodríguez, pues cree que los abogados que “han gobernado la Función Judicial han fracasado”. “Ahora se trata de reorganizar una empresa: la Judicial”.