Para el Gobierno, la amenaza de renuncia del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Benjamín Cevallos, es una mera declaratoria con la que trata de justificar el alto porcentaje de casos de caducidad de la prisión preventiva, aunque para Projusticia el problema de la inseguridad también se debe a las desestimaciones de los delitos que pide la Fiscalía.

Según el ministro de Justicia, José Serrano, la inseguridad en el país pasa no solo por un tema de reforma constitucional, sino por el origen de la impunidad que son los jueces y que determina la necesidad de contar con administradores de justicia probos y honestos.

Para Serrano, las cifras de la caducidad de la prisión preventiva son contundentes y otorgan la responsabilidad a los jueces, en cuanto a liberar a los delincuentes.

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Dichas cifras se consiguieron gracias a la visita que hicieron los técnicos del Ministerio de Justicia a los centros de Rehabilitación Social para revisar una por una las 4.000 providencias de casos de caducidad de la prisión preventiva.

Además, dio a conocer que al terminar el inventario de causas en los juzgados de Guayaquil se determinó que existen 35 mil represadas que no han sido tramitadas, y no las 11.500 de las que habla el CJ.