En el primer piso del Hospital de la Policía, una mujer con un niño en brazos espera su turno. Junto a ella, su esposo, un joven policía de tropa. El 30 de septiembre pasado, mientras sus compañeros corrían de un lado a otro con los cinco sentidos puestos en la insubordinación, él y su mujer trataban de salvar la vida de su hijo, de un día de nacido.

La mujer decide contar su experiencia; él intenta ser más cauto. “¿La puedo grabar?”, le digo. Ella responde: “Bueno, pero sin nombres”.

Y cuenta: “Fue una experiencia horrible. Mi bebé nació prematuro, por complicaciones en mi embarazo, el miércoles 29 de septiembre, a las 09:45. Fue llevado a terapia intermedia.

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“Al siguiente día me llevaron a que le diera el pecho. Eso fue una hora antes de que ocurra ese rescate al presidente (Rafael Correa). Me pasaron a mijo a la habitación porque había evolucionado favorablemente.

“En la habitación, que está en el tercer piso del hospital, estaba con mi esposo, que me cuidaba porque me hicieron cesárea. Los dos veíamos por la televisión todo lo que pasaba... Luego escuchamos que se rompió una puerta y empezaron los disparos.

“Explotó una bomba de gas y ese humo empezó a entrar al cuarto. Por la operación, no podía levantarme rápido de la cama y mi esposo me ayudó. Nos metimos al baño para escondernos porque el gas le hacía mal a mi hijo, que era prematuro. Estábamos desesperados, yo pensé lo peor, pensé que iban a entrar a las habitaciones a dispararnos, a botarnos gas...

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“Escuchábamos desde el baño que las enfermeras pasaban llorando, escuchamos los disparos porque la televisión estaba encendida todavía, nos daba miedo. Solo esperábamos que todo termine.

“Mi hijo estaba en terapia, horas antes junto a otro bebé. Su mamá era policía. Cuando pasó todo este relajo, ella gritó que no mataran a su hijo y lloraba.

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“Yo estaba desesperada y mi familia también. Me llamaban al celular, me decían que estemos tranquilos, que ya mismo sale (el Presidente), que las balas son de goma, que aguantemos. Trataban de calmarnos, pero era algo horrible. Solo llorábamos.

“Si por mí fuera, me hubiera ido ese mismo día, pero no podíamos hacer nada. Solo esperar. No sé cuánto nos quedamos ahí en el baño pero cuando todo terminó las enfermeras llegaron a darnos la medicina.

“Una nos contó después que la madre a la que escuchamos llorar se arrastró por el suelo para llegar a terapia a sacar a su hijo. No quiero imaginar qué hubiera pasado si mi hijo se hubiese quedado junto al otro bebé.

“El Presidente entró al hospital sin medir las consecuencias. Aquí estábamos mujeres, enfermos, niños recién nacidos... Y ahora dice que estaba secuestrado, no me parece...”.

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Así termina su relato. “¿Cómo se llama su niño?”. Lo piensa... y dice orgullosa: Iker. Ayer cumplió un mes, de milagro.

150
Policías
Estos uniformados están siendo investigados por su rol en la insubordinación.
Desde el 9 de octubre, tres consejos policiales analizan los informes de la Inspectoría General de esa entidad, sobre la conducta profesional de 150 uniformados que habrían participado en la rebelión del 30 de septiembre que originó el inicio de proceso judiciales.

Los consejos de disciplina que realizan las indagaciones son el de clases y policías, que analizan a la tropa; el Consejo Superior de la Policía estudia el caso de los oficiales hasta el grado de capitán, y el Consejo de Generales de quienes tienen grado de mayor hacia arriba.

Los uniformados investigados tendrán 60 días para demostrar su inocencia, caso contrario serán dados de baja.

Esta cifra podría variar una vez que la Unidad de Asuntos Internos entregue informes sobre el comportamiento policial en provincias en donde también hubo protestas de grupos de policías.

Seis policías son investigados por el delito de asesinato en grado de tentativa contra el presidente Rafael Correa.

La fiscalía abrió una instrucción contra los coroneles Marcelo Echeverría, Julio Cueva y Manuel Rivadeneira por aparentemente estar involucrados en el delito de magnicidio.

El 11 de octubre, el cabo Geovanny Chancusig, fue acusado de haber intentado retirar la máscara antigás al presidente Correa, en el Regimiento Quito Nº 1; el 15 de octubre, el cabo Luis Bahamonde fue detenido, acusado de haber rociado gas pimienta contra Correa.

154
Militares
La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) los investiga por la toma del aeropuerto de Quito.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) identificó a 154 militares de tropa como los responsables de la toma de la pista del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, el pasado 30 de septiembre, en rechazo a la Ley de Servicio Público y como medida de respaldo a la sublevación de la Policía.

Ese día los vuelos fueron suspendidos.

Los uniformados reclamaban por la eliminación de ciertos beneficios económicos, como las condecoraciones y ascensos.

El 6 de octubre, el comandante del Grupo de Transporte Nº 11, Antonio Puga, remitió un memorando al Consejo de Generales con la nómina de los implicados, que se mantiene en reserva, en donde sugiere la conformación de los respectivos Consejos de Disciplina para “conocer, juzgar y sancionar” a todos los militares implicados.

El malestar en la FAE respecto de las medidas adoptadas desde la Presidencia en materia de Fuerzas Armadas, sin embargo, persiste.

En esta semana el presidente de la República, Rafael Correa, asistió a la ceremonia de aniversario de la FAE. En su intervención, en la Base Eloy Alfaro, de Manta, recordó a los soldados y oficiales de esa rama que le deben obediencia y lealtad.

Advirtió que no tolerará una traición y agregó que “ni el Gobierno ni el pueblo ni las Fuerzas Armadas permitiremos que nadie venga a utilizar las armas que le entregó el pueblo contra el propio pueblo”.

7
Arrestados
Militares del Ejército que protestaron en las afueras del Ministerio de Defensa.
Siete miembros del Ejército fueron arrestados desde el pasado lunes 25 de octubre, por participar en la jornada de protesta en los exteriores del Ministerio de Defensa, el 30-S, en rechazo a la suspensión de algunos beneficios económicos por condecoraciones y ascensos que contempla la nueva Ley de Servicio Público.

El Ejército informó que se establecieron responsabilidades administrativas y disciplinarias con base en el reglamento de Disciplina Militar para todos los involucrados, en estricta observancia a las garantías constitucionales y el respecto del debido proceso y derecho a la defensa. El mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) mantiene en reserva los nombres. Ninguno está en una celda, solo tienen sanciones administrativas.

Uniformados involucrados en las investigaciones aseguraron que hasta el momento el Consejo de Disciplina ha ordenado el arresto de más de 30 personas por participar en la jornada de protesta.

Esta semana se realizaron varias audiencias en la Base Aérea Mariscal Sucre de Quito en donde se instaló el Consejo de Disciplina, con la finalidad de analizar cada uno de los casos y establecer responsabilidades.

El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, señaló que los militares involucrados en la sublevación no tienen responsabilidad penal en la toma del aeropuerto y que las sanciones deben ser únicamente administrativas y disciplinarias.

9
Casos
La Fiscalía intenta determinar responsabilidades del 30 de septiembre.
La Fiscalía está a cargo de nueve casos por los incidentes del 30 de septiembre. Cinco son indagaciones previas y cuatro instrucciones fiscales.

Las indagaciones -que pueden mantenerse hasta por un año y tienen el carácter de reservado-corresponden a la toma de Ecuador TV, al atentado contra una ambulancia, a la muerte del policía Froilán Jiménez, a la toma del aeropuerto de Quito y a las protestas en el Ministerio de Defensa. Transcurrido el año, el fiscal podrá disponer el archivo provisional del expediente o solicitará al juez su archivo definitivo.

Sin embargo, si el fiscal logra conseguir elementos para acusar a una persona, puede hacerlo, aunque el plazo hubiere fenecido.

Los cuatro procesos de instrucción fiscal se refieren a la sublevación de los policías en el Regimiento Quito por el delito de rebelión, a la participación del mayor del Ejército Fidel Araujo, del ex jefe de la escolta legislativa, Edwin Tapia, y del policía Marco Tibán, así como por otros involucrados en el delito de atentar contra la vida del presidente de la República, Rafael Correa.

El trámite de la instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, prorrogables por 30 adicionales por cada persona que se vincule a esos procesos.

Las cuatro causas se mantienen en la etapa investigativa, en cuyo trámite se evacuaron 130 diligencias.

5
Generales
Los oficiales de la Policía pidieron la baja por solicitud voluntaria.
Cinco generales de la Policía fueron dados de baja por solicitud voluntaria.

Esto sucedió un día después de la sublevación del 30 de septiembre pasado

La ex cúpula policial, encabezada por el general del distrito Freddy Martínez Pico, presentó su solicitud de baja voluntaria al ministro del Interior, Gustavo Jalkh.

Junto a Martínez, pidieron también la baja los generales Rafael Yépez Cadena, director general de Personal; Florencio Ruiz Prado, jefe de Estado Mayor; Jaime Vaca Ordóñez, director nacional de Operaciones, y Euclides Mantilla Herrera, inspector general de la Policía.

El 25 de octubre pasado, mediante decreto presidencial, se confirmó la baja de los cinco oficiales.

Aunque hasta la fecha no hay un informe definitivo, el ministerio del Interior ha informado que ocho policías desertaron de la institución.

Según versiones de los uniformados, luego del 30 de septiembre no volvieron a presentarse en sus destacamentos.

21
Detenidos
Estos policías están siendo investigados por su rol en la insubordinación
De los 21 policías detenidos, quince están acusados por el delito de rebelión, tres por atentar contra la vida del Presidente de la República y tres por atentar contra la seguridad del Estado.

El 6 de octubre, 44 policías de diferentes rangos fueron detenidos para investigaciones.

De ellos, entre la noche del 6 y madrugada del 7 de octubre, 33 fueron involucrados con el delito de rebelión, por haber participado en la revuelta policial en el Regimiento Quito Nº 1.

Aquella madrugada, la jueza de Garantías Penales, Tania Molina, confirmó la prisión preventiva para 13 y a 20 se les otorgaron medidas cautelares.

El 21 de octubre, la jueza décima de Garantías Penales (provisional), Rita Bravo, emitió orden de prisión preventiva contra el cabo Luis Francisco Montesé Rizo y el policía Luis Arturo Beltrán Cervantes.

El ex director del Hospital de la Policía, coronel César Carrión, fue detenido el miércoles pasado, cuatro días después de que el Mandatario lo acusara de cómplice de los conspiradores.