Trámite de normas no coincide con prioridades

Las leyes de Educación Superior, de Seguridad Social, y de Comunicación, en ese orden, deben ser prioritarias para el Gobierno según revela una encuesta que realizó la empresa Perfiles de Opinión entre el 13 y 14 de julio pasados.

De un total de 535 personas que fueron consultadas en Quito y Guayaquil, a las que se les preguntó “¿A cuál ley cree que debe darle mayor importancia este Gobierno?”, el 42,90% respondió: la Ley de Educación Superior; el 32,70%, la Ley de Seguridad Social; y el 10,40%, la Ley de Comunicación.

Del mismo número de entrevistados, el 54,10% cree que la Asamblea Nacional debe aprobar la Ley de Comunicación impulsada por el Gobierno, frente al 44,40% que opina lo contrario.

Un 50,20% considera que dicha ley atentará contra la libertad de los medios, mientras el 49,10% piensa que no será así.

La percepción de prioridad que tienen los ciudadanos sobre los proyectos de Educación Superior y de Comunicación no va acorde con la realidad en la Asamblea, debido a que sus tratamientos han sido aplazados y actualmente están estancados por falta de votos y acuerdos entre el oficialismo y la oposición para que sean aprobados por el pleno y remitidos al Ejecutivo, que deberá hacer sus observaciones.

Respecto a la Ley de Seguridad Social, la segunda en importancia para el universo de encuestados, la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores, recién aprobó el pasado 13 de julio el informe para primer debate y lo remitió al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero.

Esta ley trata especialmente el incremento en las pensiones jubilares, entre otros beneficios para los afiliados.

El Presidente de la República ha manifestado que el proyecto de comunicación no es prioritario en su plan de Gobierno, como sí lo es la ley para las universidades.

En ambos proyectos de ley se pretende crear un ente superior, con representantes del Ejecutivo, para que tome decisiones, promueva políticas respecto a cada sector, y hasta cumpla funciones de regulador y sancionador a la vez.

En la Asamblea, la discusión sobre la Ley de Medios se basa en si el Gobierno debe o no tener representantes en el Consejo de Comunicación, que según el acuerdo interbloques firmado en noviembre del año pasado, no podrá cerrar ni clausurar medios de comunicación.

Sobre la ley de universidades, el debate se centra en la creación de nuevas instituciones y la regulación de las que ya existen, algo a lo que se oponen estudiantes y académicos que vienen realizando protestas.