Débora (nombre protegido) lo recuerda claramente. Alrededor de las diez y media de la noche del 30 de agosto de 1985, un viernes, ella iba a regalar un oso de peluche a su novio. A esa hora los dos conversaban apaciblemente en la calle, pero la presencia de una furgoneta que daba vueltas los atemorizó y decidieron despedirse. Él retornó a su casa, un inmueble de dos plantas ubicado en la ciudadela La Chala, en la calle Tercera, que cuatro horas después centenares de policías cercaron en medio de una balacera.

En la parte baja de ese inmueble cuatro miembros del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC) y del M-19 de Colombia tenían sometido al banquero Nahim Isaías. La Policía los había detectado.

Entre la madrugada de aquel sábado y la del lunes siguiente, aquella zona residencial se vio sometida a un ambiente sitiado. “Fue como un estado de guerra, tanques blindados, centenares de policías, francotiradores en techos y terrazas, gendarmes con megáfonos que pedían a los habitantes evacuar las casas y buscar refugios”, recuerda Luis Escudero, de 73 años.

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En la madrugada de ese lunes, fuerzas combinadas de la Policía, la Marina y el Ejército ingresaron a aquella vivienda, para dar cumplimiento a la Operación Rescate, dirigida por el entonces presidente León Febres-Cordero (PSC). Tras el asalto murieron los secuestradores y resultó herido el banquero, quien horas después murió en la clínica Guayaquil.

Isaías había padecido 27 días de encierro. Quince insurgentes armados implicados en el secuestro, la mayoría colombianos, habían planificado la acción con cinco meses de anticipación. La noche del 7 de agosto de ese año, luego de seguir por más de cinco meses la rutina del banquero, lo detuvieron en las afueras de la ciudad. El objetivo era trasladarlo a Manabí, pero el plan falló. Tras haberse denunciado el secuestro, la Policía detuvo en un operativo a Juan Cuvi, un líder de AVC, en compañía de los colombianos José Guevara y Fernando Castañeda.

El 26 de agosto se ubica a otra parte de los plagiadores en la ciudadela Urdesa, donde se produjo un tiroteo en el que murió el colombiano Alfonso Benavides y resultó herido Juan Carlos Acosta Coloma, hijo del ex canciller Francisco Acosta Yépez, que falleció tres días después.

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Las pistas condujeron a buscar a Isaías en la ciudadela Alborada, posteriormente en el barrio del Seguro y finalmente fue localizado en La Chala.

Conseguir $ 5 millones para armar una guerrilla rural era el objetivo del secuestro de Isaías, el golpe cumbre del grupo AVC. Con ese fin las acciones armadas cometen una lista de asaltos como el perpetrado a la agencia del banco Internacional en el cantón Ventanas, Los Ríos, donde cuatro insurgentes se llevaron 4,6 millones de sucres en agosto de 1985. También, a los bancos del Pacífico, Holandés Unido y Continental, Multicambio, Casa de Cambio de Rodrigo Paz, y un cuartel de Policía de donde se llevaron 400 armas.

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El ataque también se dirigió a los medios, como diario Hoy en Quito, que tras ser irrumpidos con violencia, fueron utilizados para difundir los planes de AVC. Jaime Mantilla, ejecutivo del Hoy, recuerda que unos 30 insurgentes armados los atacaron la noche del 1 de noviembre de 1984 y obligaron a incluir dos páginas con información del grupo. Unos 1.500 ejemplares se distribuyeron, pero los propietarios lograron frenar 15.000.

Juan Cuvi y Santiago Kingman, cabecillas de AVC, 27 años después del surgimiento del grupo que desencadenó una ola de hechos violentos en el país entre 1983 y 1988, dicen que los asaltos fueron “necesarios” para financiar las acciones, mantener al movimiento y sostener el proyecto político que buscaba cambios, mediante el uso de las armas.

El primer golpe que dieron fue el robo de la espada de Eloy Alfaro, su referente ideológico, en el Museo Municipal de Guayaquil, cuando era presidente Osvaldo Hurtado Larrea (DP), quien además fue coideario de Arturo Jarrín Jarrín, líder máximo y fundador del AVC, en el partido Democracia Cristiana que luego se convirtió en Democracia Popular.

En la época en que se hace visible Alfaro Vive Carajo era presidente del Ecuador el socialcristiano León Febres-Cordero Ribadeneyra, a quien lo recibieron tomándose radios en Quito y Guayaquil el día de su posesión para advertirle de la oposición a su régimen y hacerle conocer su proyecto político militar que aspiraba a tomarse el poder por medio del uso de las armas.

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Febres-Cordero aplicó una política económica liberal, que manejó a través de decretos económicos urgentes. Las medidas más significativas fueron la reforma del sistema cambiario y la devaluación de la moneda, la apertura de las importaciones e impulso a las exportaciones, la disminución de un subsidio que aumentó el precio de los combustibles, esta última que le significó protestas en las calles.

En 1986 debió enfrentar una baja del precio del barril de petróleo de 27 a 8 dólares. La ruptura del oleoducto como consecuencia de un terremoto provocó la caída del Producto Interno Bruto en 1987 a 16%. Durante su administración la inflación se desbordó del 31% al 58%.

Su forma de manejar la economía, su rompimiento con el grupo andino por la política restrictiva a la inversión extranjera y el cese de relaciones diplomáticas con el gobierno sandinista de Nicaragua hizo que goce del aprecio del presidente estadounidense Ronald Reagan, quien ideó una política intervencionista para derrocar regímenes marxistas en el Tercer Mundo.

Políticamente, los seis primeros meses de su administración fueron de enfrentamientos violentos con el Congreso, presidido por Raúl Baca Carbo (ID) y con una coalisión opositora, al que impuso una nueva Corte Suprema de Justicia.

La respuesta del gobierno de León Febres-Cordero a los subversivos de AVC fue frontal: “Vamos a combatir el terrorismo, como la máxima expresión del crimen en la sociedad”.

Febres-Cordero creó el Servicio de Investigación Criminal o SIC para contrarrestar a la naciente guerrilla. Los hombres que pertenecían a esta unidad recibieron entrenamiento con un ex agente de inteligencia del gobierno de Israel, Ran Gazit.

Paralelamente, formó la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) e hizo una campaña en la que se ofrecía cinco millones de sucres ($ 20.000 al cambio de la época) a quien diera información que permita capturar a Arturo Jarrín, Hamet Vásconez, Fausto Basantes, Justina Casco y Édgar Frías (único sobreviviente), integrantes del comando central de AVC.

Hugo España, un ex agente del SIC involucrado en la desaparición de los hermanos Restrepo, afirma en su libro El Testigo (1996) que la unidad antiterrorista violó derechos humanos en su lucha contra el AVC.

Dice, por ejemplo, que el cuencano Ricardo Merino fue asesinado en la casa donde vivía en Quito en un operativo policial, desvirtuando la versión oficial de que murió en un enfrentamiento con uniformados.

Otras denuncias hechas luego por AVC aseguran que su líder Arturo Jarrín fue víctima de una ejecución extrajudicial y que Juan Carlos Acosta murió víctima de torturas. En ambos casos el gobierno sostuvo que fallecieron en choques armados con la Policía Nacional.

Años después, en una entrevista Febres-Cordero dijo que la Policía pudo haber cometido excesos, pero negó que él haya ordenado torturar o matar.

En el documental ¡Alfaro Vive Carajo!, del sueño al caos se reseña que en el periodo febrescorderista hubo un ambiente de temor en las calles de la capital por la fuerte acción policial. Al respecto, el ex presidente Osvaldo Hurtado (DP) comenta que era el tema de conversación en las reuniones sociales, pero que había una especie de aceptación entre la gente, porque se trataba de acabar con la guerrilla.

A comienzos de 1989, AVC llegó a un acuerdo de paz con el gobierno de Rodrigo Borja (ID), pero el proceso de entrega de armas se concretó dos años después en febrero de 1991 con el arbitraje de la Iglesia católica y la presencia de observadores internacionales.