Camaroneras ya se sienten afectadas

El crédito directo para comprar insumos y balanceados se cerró para varios camaroneros; un grupo en Machala se quedó sin financistas para adquirir una empacadora. Los productores atribuyen ese desaliento al nuevo cambio de reglas que se plasmó hace dos semanas en un decreto. Hay temor por manejo de concesiones.

Desde hace dos semanas, cuando el presidente Rafael Correa firmó el Decreto Ejecutivo Nº 261, el pasado 27 de febrero, que reforma la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, el panorama cambió para los camaroneros.

Ellos aseguran que ya no reciben crédito directo de los proveedores de insumos y alimentos balanceados, y que han paralizado proyectos de inversión e infraestructura.

Los camaroneros que tienen una concesión, como Olivan Rueda, Eduardo Aponte y Heraldo Loaiza, miembros de la Asociación de Productores Camaroneros Fronterizos (Asocam) se quejan de las consecuencias del decreto.

No saben si valdrá la pena correr el riesgo de gastar dinero para producir en tierras del Estado, porque a la mínima infracción, dicen ellos, podrían quedarse sin nada.

En cambio, los que producen en tierras propias, como Santos Córdova, por ejemplo, no saben si serán intervenidos por asociarse con otros productores, o si sus propiedades serán declaradas como zonas bajas y, por lo tanto serán desalojados, perdiendo su inversión.

Quienes manejan una concesión no son sujetos de crédito de la banca pública, mucho menos privada; si necesitan dinero, sus áreas productivas no cuentan como garantía en el sistema financiero, por lo que acuden a prestamistas o hipotecan bienes que tengan título de propiedad.

Antes de la nueva disposición, que entró en vigencia el martes último, tenían la seguridad de permanecer al menos 10 años en las zonas que el Estado otorga en concesión.

Pero ahora la normativa establece nuevas causales para revertir dichos acuerdos, entre ellos: el incumplimiento de obligaciones patronales, laborales, tributarias, de salud y medio ambiente.

Y aunque las autoridades han reconocido que el texto nació con errores, que se van a enmendar a través de un alcance al decreto, la desconfianza en la cadena productiva del camarón ya mostró sus efectos.

En Machala, por ejemplo, la corporación de productores de camarón, que hacía gestiones para comprar una empacadora, se quedó sin financistas.

“Nadie quiere invertir, ni nosotros vamos a endeudarnos con estas nuevas condiciones”, dijo el presidente de esa agrupación, Vinicio Carpio.

Los nuevos motivos para perder el manejo de un área del Estado preocupa a Eulises Montesdeoca, quien tiene una concesión de ocho hectáreas en la isla Chupadores, frente a Hualtaco, una parroquia de Huaquillas, limítrofe con Perú.

Él también es abogado y, por lo tanto, sabe que si no cumple con las citadas obligaciones será sancionado de acuerdo con las faltas cometidas; “pero establecer como sanción, además de las que ya están tipificadas, que se revierta la concesión, nos deja sin seguridad jurídica... no se puede castigar dos veces por una misma infracción”, argumentó Montesdeoca.

Al otro lado de la isla, Édgar Sinche menciona otra contrariedad en relación a las normas fiscales y de sanidad.

Este acuicultor dice que para vender sus productos necesita facturas y que para certificar la calidad de producción ha pasado las inspecciones que hace el Instituto Nacional de Pesca (INP), que certifica el cumplimiento de estas obligaciones.

“¿Cómo pueden poner en el considerando del decreto que no hemos cumplido con normas de salud, si el mismo ente del Estado certifica que sí lo hacemos?”, se pregunta.

Agrega que antes de vender su producto a las exportadoras envía una muestra del camarón y debe presentar registros de cómo se ha llevado el proceso de cultivo y cría de larva, así como su alimentación.

Todo ese control, tanto del INP como de las empresas exportadoras, no toma en cuenta el Gobierno al momento de redactar uno de los motivos para haber creado el decreto, dice Sinche, quien considera que aquello pone en peligro la venta en el mercado internacional.

Otra preocupación del sector es el plan de reforestación que se dispuso en el Decreto Ejecutivo 1391, del 27 de octubre del 2008, dentro del proceso de regularización que finaliza este 31 de marzo.

La normativa plantea reforestar manglar en el 10% del área productiva, pero los camaroneros prefieren reunirse por grupos y sembrar en grandes zonas para reducir costos.

Según la Cámara Nacional de Acuacultura, un 25% del hectareaje a nivel nacional está por regularizarse.

La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) informó que en las provincias de Manabí y Esmeraldas hay menos acogida para cumplir con el decreto. Allá los productores se quejan de que el Gobierno no los ha ayudado.

Alertas: Sobre el decreto
Roberto Pardo
Presidente de la asociación de Cultivadores de Especies Bioacuáticas de Esmeraldas, Acebae.

Luchar por el trabajo
“No somos pelucones, como dice el presidente Rafael Correa, nosotros venimos trabajando desde hace 30 años, pero ahora el Gobierno quiere estatizar todas las producciones.

En Muisne se vive del camarón, son 200 mil familias que dependen de nuestro trabajo y vamos a defenderlo con más trabajo y luchando por mantenerlo. Esta actividad genera millones de dólares en exportaciones y cientos de miles de plazas de trabajo.

Toda una cadena productiva se afectaría si se aplica el nuevo decreto. Esperamos dialogar con el Primer Mandatario”.

Miguel Uscocovich
Presidente de la Asociación de Camaroneros de cantones de Manabí: Sucre, Tosagua, Chone y San Vicente.

Estuario afectado
“Es peligrosa la mala decisión de este decreto, porque afecta a un sector importante. Pedimos una reunión urgente con el Presidente, pero sin asesores ni ministros, porque el problema no es jurídico, sino técnico, para que él entienda que nuestro derecho al trabajo se está mermando.

Ese documento pudo haber sido firmado bajo un mal asesoramiento al Presidente, por eso pido su reflexión.

Con esas medidas estamos en el limbo.

Reconocemos que gracias a este Gobierno, en Manabí se cerró una hidroeléctrica que se estableció donde no debía construirse”.

Segundo Calderón
Presidente de la cámara de Productores de Camarón de la provincia de El Oro

Inversiones a futuro
“Durante años hemos invertido en adecuar las camaroneras con tecnología, con infraestructura, todo eso con miras al futuro.

Para recuperar esa inversión nos hemos endeudado, pero estos reglamentos que cambian a última hora nos sorprenden y nos quitan la ilusión. La infraestructura no nos la ha dado el Gobierno.

Este tipo de normas no nos dan seguridad para seguir trabajando e invirtiendo.

Es hora de que el sector se una para reclamar sus derechos, porque con estas cláusulas negativas y prepotentes se generará más desempleo en el país”.