Comienzo con una pregunta: ¿podremos tener algún día una Función Judicial confiable, que nos permita dormir tranquilos y seguros de que los operadores de justicia actuarán como corresponde? Porque jueces honestos y versados ha habido siempre, en varios de los niveles -y ahora también- pero lo que pasa es que estos son la minoría de quienes integran ese Poder del Estado.

Los días que corren son de turbulencia en la administración de justicia porque hay serios reparos de la comunidad en relación con varios fallos de la Corte Nacional y de algunas cortes provinciales, impensables en sociedades del primer mundo, aunque también allá, en esas latitudes como en todas partes, hay debilidades humanas que hacen desaparecer la imparcialidad de los magistrados, pero en menor proporción que por estos pagos, tan proclives a la corrupción desde una fecha tan lejana como aquella en que algunos europeos, ávidos de poder y de riqueza, llegaron en son de conquista hace más de cinco siglos.

Resulta curioso que casi nunca el país se ha conmocionado por un fallo judicial de esos que dejan -por lo estupendos, sapientes y equilibrados- perpleja a la comunidad, pero en cambio, con increíble frecuencia, los medios informativos nos traen noticias que indignan por la desfachatez con que los jueces actúan sin importarles nada ni nadie. Dan la idea de que estuvieran por encima de todo y de todos, de la Constitución y de la ley.

Publicidad

No quiero decir que el Fiscal General tenga razón absoluta en su pugna con la Corte Nacional pues no conozco en su interioridad los procesos en los que se cuestiona seriamente la intervención de varios de los magistrados de esa entidad, pero es evidente que ni los rostros de algunos de ellos inspiran confianza, a tal punto que el propio Fiscal ha dicho que "ni siquiera la llamada Pichicorte tenía jueces tan mediocres como los que están en la mayoría de las salas", lo cual es muy grave y descalificador viniendo de quien viene, frase que entiendo no se aplica al Presidente de la Corte, hombre que ha demostrado probidad y rectitud.

Tengo un buen concepto del Fiscal General a pesar de que dos actuaciones suyas me dejaron en meses pasados algunas dudas, una de ellas relacionada con la demora -de tres meses- en iniciar la investigación sobre las ciudadanas mexicanas que estaban en Angostura el día del ataque de fuerzas armadas externas, lo cual en algún momento deberá quedar claro, y si ha sido aclarado no lo he leído o visto, pero sobre el tema que analizo lo más importante es que este funcionario se encuentra interesado en vigilar que los jueces actúen debidamente, lo que, dicho de paso, a pesar de que beneficia a la sociedad tiene doble filo porque cualquier intromisión, por muy altruista que sea, siempre resulta peligrosa por la independencia que requiere cada una de las Funciones del Estado, por aquello de los equilibrios y contrapesos del poder Público.

Nota: Creo de mi obligación hacer un enfático llamado de atención a quienes asesoran jurídicamente al Presidente de la República en el sentido de que están creando una peligrosa costumbre de legislar a través de Decretos Ejecutivos que se van contra la ley, lo cual no cabe en derecho. Por ejemplo, por muy encomiable que sea el propósito no es posible impedir la transferencia de acciones en aquellas sociedades que tienen contratos celebrados con el Estado, como señala el reciente decreto presidencial, por la sencilla razón de que la Ley de Compañías en su artículo 191 establece "que el derecho de negociar las acciones libremente no admite limitaciones". Tendrá el 'Congresillo' que reformar la ley, pero mientras tanto lo dispuesto por el Presidente es inválido.