El acceso a la información pública

¿Sabía que toda la información en poder del Estado, le pertenece a usted, amigo lector?

¿Que todos los funcionarios públicos, los de elección directa, los de libre remoción, los de carrera, todos, solamente son custodios temporales de la información del Estado?

Porque la ya tan cacareada rendición de cuentas, tristemente reducida en estos tiempos revolucionarios a una kermés sabatina, radica en la posibilidad de que la ciudadanía tenga acceso real a la información que le permita evaluar las ejecutorias de los ciudadanos empleados públicos al mando del Estado; de verificar si el discurso de la tarima es consecuente con la realidad; verificar si el puente realmente ya se edificó, si realmente no hay tráfico de influencias ni corrupción, si realmente la patria está cambiando, si realmente la patria ya es de todos.

Y la herramienta óptima para alcanzar tal fin es el libre acceso a la información pública en poder del Estado.

Todos los tratados internacionales sobre derechos humanos de los cuales el Ecuador es suscriptor, así como las constituciones de 1998 y 2008, garantizan el libre acceso a la información pública como un derecho inalienable y consustancial a la naturaleza del ser humano.

Y desde hace varios años, esa garantía constitucional se encuentra reglada, al detalle, por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Si usted quiere conocer la nómina y los sueldos del personal de un Ministerio o de una Alcaldía, si quiere conocer cuánto gastan en publicidad una Prefectura o la CTG, si desea conocer qué hace el IESS con los ahorros de los asegurados, recuerde que toda esa información es suya, que la Constitución protege y garantiza su derecho de acceder a esa información.

Pero así como dicen los médicos que músculo que no se ejercita se atrofia, bien vale decir que derecho que no se ejercita, se muere en el interesado olvido de los dueños del poder.

Claro está que la prensa, vehículo del conocimiento de los pueblos, cuya principal misión social es informar a la ciudadanía, por razón de su actividad, suele ser la principal usuaria de esa herramienta, la principal ejercitadora de ese derecho.

Pero ello no significa que el derecho de acceso a la información pública sea un derecho de los periodistas.

Nuestra sociedad, desde hace mucho tiempo, ha sido inerte testigo de su desgracia; solamente reacciona cuando los corruptos desbordan la paciencia popular y colapsan su economía.

Y una manifestación de lo antes mencionado constituye el escaso uso de esta valiosa herramienta de conocimiento y rendición de cuentas.

Le anticipo eso sí, que el ejercicio del derecho no será tan sencillo como aparece descrito en la Constitución y en la ley; que casi con seguridad, cuando usted pida información de acuerdo con la ley, será maltratado y existirá reacción a entregarla por parte del funcionario del caso o la recibirá confusa o incompleta.

Pero si muchos ecuatorianos nos unimos para exigirle al Estado que nos entregue nuestra información, la fuerza será tal que finalmente cederán y le garantizo que lo que encontremos, nos permitirá ser más críticos y analíticos cuando nos obliguen nuevamente a acudir a votar en elecciones.