Luego de la vigencia de la Constitución que crea el Consejo de Gobierno para Galápagos y a su vez desaparece al Consejo Provincial y el Instituto Nacional Galápagos (Ingala), entre los aproximadamente 230 trabajadores de estas dependencias surgió una preocupación por su estabilidad laboral.

Pese a que la Constitución en su disposición transitoria decimoquinta garantiza la estabilidad de los trabajadores de ambas dependencias, entre los empleados existen  dudas.

En el caso del Consejo Provincial hay 90 trabajadores como Adán Ballesteros, padre de cuatro hijos, quien tiene dos años laborando en las minas del cerro Quemado de la isla San Cristóbal. Él espera que el nuevo Consejo de Gobierno lo acoja con un trabajo.

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Es que como dicen los insulares, en esta provincia solo hay tres formas de trabajo: en el turismo, en la pesca, agricultura o comercio y como burócrata.

De igual manera, un empleado del Ingala, que prefiere omitir su nombre, indica que existe incertidumbre por la falta de una ley que les aclare su situación.

Entre las autoridades de esa dependencia técnica como el director jurídico, Ángel Ramos, hay criterios como el de que a futuro necesariamente se tendrá que hacer una reingeniería para obtener al personal adecuado tanto de la Prefectura como del Ingala.

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Marco Oviedo, director de Planificación y gerente (e) del Ingala, propone que en la nueva Ley Especial de Galápagos se tome en cuenta la experiencia de la entidad en asuntos de planificación y migración para ubicarla como una Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno.

Por lo pronto, en esa institución, donde laboran 144 personas, ya se adelanta un proceso de compra de renuncias voluntarias del que se han acogido 23 trabajadores, especialmente los que han cumplido más de 20 años de servicio.