Tenemos un invierno irregular que ha empezado como una sequía pero que, según pronósticos, también podría producir inundaciones. En la región 112 mil productores de arroz y maíz están obligados a invertir en condiciones de incertidumbre. Solo el 22%  tiene riego.  La incertidumbre se filtra por toda la economía. Los industriales de Guayaquil no pueden calcular la próxima cosecha de materias primas. La banca privada no otorga crédito agrícola sino que exporta ahorro nacional.

El Estado no tiene una estrategia de mediano plazo para crear infraestructura de riego. Se deja en manos de cada agricultor la iniciativa de crear o no su propio sistema. Pero no hay agricultura moderna sin riego.

Para crear riego y drenaje se necesita crédito. Este no puede llegar sin instituciones financieras rurales, que movilicen el ahorro apoyándose en las relaciones familiares y vecinales del recinto.

En Junquillo, provincia de Los Ríos, un banco comunal que parte de la nada logra en año y medio 650 socios y una cartera de crédito de 110 mil dólares. El banco está entrelazado con el Seguro Campesino de Junquillo y con una empresa de comercialización de arroz, que también es de los mismos socios. Los habitantes participan en los comités de padres de familia de las escuelas del recinto.

En suma, la educación, la salud, los servicios funerarios, el ahorro y el crédito y la comercialización de la producción están en manos de la población organizada de Junquillo. Detrás de las transacciones económicas están las instituciones sociales y una ética del ahorro y la reciprocidad.

El ejemplo de Junquillo se repite por cientos en el país.

El Gobierno ignora los tejidos de la sociedad rural. Aunque otorga crédito, este permanece externo a la sociedad rural; no proviene de su propio ahorro. Esto implica que el Gobierno no se apoya en los valores y las identificaciones de las comunidades rurales. El sujeto del desarrollo rural es la familia ampliada y la comunidad, no el individuo aislado. El discurso del Gobierno no interpela a este colectivo.

Si la política del Estado apuntara a trabajar en profundidad con las comunidades de base en gran escala, podríamos producir una gran movilización del ahorro para construir infraestructura de riego. Esto no se puede hacer con un programa como el bono solidario. Lo que mueve el dinero en el campo es el capital social de la comunidad.