Si un acontecimiento marcó el Gobierno y la personalidad de León Febres-Cordero fue el ‘Taurazo’, como se denominó a la insurrección que terminó con su secuestro por parte de miembros de la Fuerza Aérea, en la base de Taura.

El hecho, ocurrido en 1987, tuvo como antesala el 8 de marzo de 1986, cuando en Manta el general de la FAE, Frank Vargas Pazzos, se rebeló contra el ministro de Defensa, general Luis Piñeiros, al denunciar el supuesto negociado de un  Fokker y expresar su malestar por considerar que la FAE estaba siendo marginada dentro de las Fuerzas Armadas.

El levantamiento duró varios días, pero culminó cuando una comisión negociadora logró que Vargas se entregue el 11 de marzo y fuera llevado a Quito.

Publicidad

En la Base Aérea de la capital, sin embargo, Vargas se sublevó (15 de marzo), aduciendo que el Gobierno no había cumplido los acuerdos. Tropas leales al régimen, por orden de Febres-Cordero, tomaron la base por asalto y lo capturaron.

Casi un año después, el 16 de enero de 1987 durante una visita que realizó con su comitiva a la base de Taura, LFC fue secuestrado por comandos que le exigieron la liberación de Vargas, quien había recibido una amnistía del Congreso.

El Mandatario y el país vivieron doce horas de tensión. Febres-Cordero fue liberado junto a su ministro de Defensa, Medardo Salazar, y su comitiva una vez que firmó la orden de liberación de Vargas y un compromiso de no tomar represalias. El saldo fue de cinco muertos, entre ellos dos escoltas.

Publicidad

Días después, los comandos de Taura fueron detenidos, enviados a Quito y juzgados por insubordinación. Por su actuación, Febres-Cordero recibió apoyo y críticas: el Congreso  exigió su renuncia, pero no tuvo efecto.

“Todo se trató de un complot político”, dijo LFC  en 1999, y  desvinculó del caso a su ex vicepresidente, Blasco Peñaherrera, a quien antes acusó.

Publicidad

En el régimen de Rodrigo Borja el Congreso indultó a los insurrectos, y en el 2008 la Asamblea Constituyente dio amnistía a  62 comandos del ‘Taurazo’  a fin de que recuperen sus derechos políticos.