martes 30 de septiembre del 2008 Columnistas

A cumplir la Constitución

Aunque es una de las peores constituciones que hemos tenido –mal escrita, contradictoria, larguísima (la más larga del mundo…)–; a pesar que es una Constitución que impone una única visión del Estado –varios de sus autores así lo admitieron–: bajo ella solo podrán gobernar quienes comulguen con la visión ideológica de ellos; no obstante que, como muchas otras constituciones ecuatorianas, esta también fue hecha a la medida de un líder; y a pesar que debió ser aprobada por más del 85% en vista de las asombrosas ofertas económicas que hizo el Gobierno y su incontrolado gasto publicitario; a pesar de todo ello la Constitución aprobada el domingo deberá ser cumplida.

Y cumplida a cabalidad. La debemos cumplir todos los ecuatorianos, cualquiera que sea nuestra forma de pensar, pero sobre todo lo deben hacer escrupulosamente los poderes públicos. Después de todo, ellos son los destinatarios principales de toda Constitución.

Uno de los peores males que hemos sufrido ha sido el total irrespeto del sistema constitucional por parte los diversos actores del proceso político. Ese patrón de comportamiento terminó contaminando a toda la sociedad ecuatoriana hasta envolverla en una cultura de antijuridicidad y salvajismo.

Los primeros pasos que dé el Gobierno nacional serán claves para saber si la votación del domingo marca, como lo ha sugerido, un giro copernicano en la política ecuatoriana o simplemente estamos ante un episodio más de una pendiente que no encuentra final.

El Gobierno tiene una gran oportunidad para demostrar que la dictadura que instauró hace un año ha terminado. Habrá que ver, por ejemplo, si la composición del “congresillo” reflejará la votación del domingo –que sería lo democrático– o la de hace un año. Habrá que ver si las instituciones constitucionales nuevas (y las que sobreviven) serán dirigidas otra vez por acólitos del Gobierno o no.

Lo sucedido hasta ahora no da mucho optimismo, ciertamente. El cierre del Congreso Nacional, el asalto al ex Tribunal Constitucional, la instalación de tribunales “de bolsillo”, la manipulación de la legislación electoral, la persecución a los periodistas, el insulto a los disidentes, las prisiones arbitrarias, la imposición de textos no aprobados, no son buenos indicios. Pero siempre es posible que un gobierno autoritario deje de serlo en un momento determinado.

Creer que la Constitución votada el domingo tiene un plus de legitimidad por haber sido aprobada en referéndum es una falacia. Como lo admiten hasta los encuestadores del Gobierno, la ciudadanía no analizó a cabalidad el proyecto constitucional, y menos lo comparó o lo debatió. No hubo tiempo, ni voluntad para que ello ocurra.

Así, hemos llegado al absurdo de haber aprobado una nueva Constitución en apenas tres meses, cuando esa misma Constitución exige para su reforma hasta un año.

El único soporte que tiene la nueva Constitución, más allá de su incuestionable juridicidad, son entonces las ofertas económicas hechas por el Gobierno hasta el mismo día de las elecciones (en burda violación de la ley…) y la avalancha de propaganda.

De ese hilo pende todo ahora.

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