Domingo 17 de agosto del 2008 Política

Llori es considerada ‘presa de conciencia’

José Olmos

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El 12 de diciembre del 2007, Llori acudió a la audiencia de Hábeas Corpus en el Municipio de Quito. El recurso le fue negado.

Human Rigths  y otros organismos internacionales reclaman al gobierno ecuatoriano por malos tratos y supuestos vicios legales en el juicio contra la ex prefecta de Orellana. Hay folletos que la señalan como prisionera política.

Tres carceleros, entre ellos una mujer, irrumpieron cerca de la medianoche del 19 de julio en la celda de Guadalupe Llori, ex prefecta de Orellana, en la cárcel de mujeres de Quito. Hacían una requisa, hubo forcejeos y ella quedó con magulladuras y moretones. Tres semanas después aún tiene en su brazo derecho una cicatriz que -dice- es de un rasguño. Luego del incidente, una compañera del pabellón le prestó un teléfono celular y Llori llamó a su hermana Mónica, residente en Londres.

Llorando le contó lo sucedido. También le relató que hace cuatro meses, como castigo, la obligaron a lavar grandes ollas y pelar papas, pero ante su negativa le hicieron restregar el piso para sacar restos de chiclets y le impidieron el acceso de parientes y amigos durante un día de visitas.
Mónica había grabado la versión y horas después la difundió entre organismos internacionales ante los cuales denunció la situación de su pariente.

Como consecuencia, el 5 de agosto, Human Rights Foundation, organismo con sede en Nueva York (EE.UU.) dedicado a la defensa de los derechos humanos, envió una carta de queja al presidente Rafael Correa. No era la única. El 3 de julio, la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Frankfurt (Alemania), y la Fundación para los Derechos Humanos, de Nueva York, habían  enviado otra misiva reclamando porque Llori estaba presa durante ocho meses sin  un debido proceso.

Aunque voceros del gobierno han negado que existan maltratos y persecución, en estos días circula en Europa un folleto donde se denuncia el caso y  pide justicia para quien se la considera prisionera política.

“El chontaduro (fruto de una palma) y la yuca me mantienen aún dura; sino ya me hubiera caído”, dice entre risas a cuatro amigos de Coca que la visitan el miércoles 13 de agosto en su celda, hoy pintada y arreglada luego que las quejas de Human Rigths hicieran efecto.

La historia de Llori como prisionera comenzó cuando era prefecta, el 8 de diciembre del 2007, luego de que los pobladores de Dayuma protagonizaran un paro entre el 27 de noviembre y 2 el diciembre de ese año. El gobierno decretó el estado de emergencia y apresó a 23 personas acusándolas de terrorismo y sabotaje. A ella la detuvieron decenas de militares que ingresaron a su domicilio y se la llevaron a Quito.

Días atrás Llori había mantenido un cruce verbal con el presidente Rafael Correa. “Odia a las provincias petroleras... Tiene un doble discurso”, decía.
“Es una Mama Lucha criolla”, respondía el mandatario. Esto pese a que ella lo apoyó en la campaña. En la segunda vuelta, por ejemplo, el candidato Correa se hizo muy tarde en un mitin en Coca y la avioneta no pudo despegar para llevarlo a una cita en Tena. Llori puso a su disposición el carro de su yerno, Christian Lozada, para transportarlo. Jéssica y Paúl Palacios, hijos de la Prefecta, y dos guardaespaldas, lo acompañaron en el viaje, cuenta ella.

Tras su encierro, la defensa de la prefecta agotó Hábeas Corpus y otros recursos para conseguir su libertad, sin éxito. El 7 de marzo, tres de cinco consejeros le quitaron el cargo. El 14 de ese mes, la Asamblea dio amnistía a los presos por el caso Dayuma, pero Llori ya tenía otros dos procesos encima.

El 12 de diciembre del 2007, el director de auditoría de proyectos y ambiental de la Contraloría del Estado, Germán Lynch, emite un informe sobre un examen especial de ingeniería a varias obras del Consejo Provincial de Orellana ejecutadas entre enero 1 del 2004 y mayo 23 del 2007.

Ahí se determina la existencia de indicios de responsabilidad penal en los contratos para el lastrado de la vía Lipino-Balcón Hermoso, de 2,5 km, ejecutado por la compañía Transorellana por $ 76.967,13, y el acarreo de material pétreo para la vía de Puerto Murialdo a Bajo Huino, de 12 km, contratada con Segundo Cárdenas, por $ 51.000. Con este informe, el contralor (e), René Cordero Jaramillo, denunció ante el ministro fiscal distrital de Sucumbíos y Orellana, Nelson Guamán, quien acusó por peculado a Llori, los contratistas Manuel Olimpo Cárdenas (dirigente de Transorellana) y Segundo Cárdenas; y al abogado del Consejo Provincial de Orellana, Orlando Nacimba.

Según el artículo 257 del Código Penal el peculado se reprime con cuatro a ocho años de reclusión (no admite fianza) al funcionario público “que hubiere abusado de dineros públicos o privados...”. En el caso de la  ex prefecta, la demanda señala que los oferentes tenían nexos comerciales y familiares, pues Segundo Cárdenas presentó su pro forma personal y era socio de Transorellana, ofertante.

La defensa presentó varios alegatos. Incluso el 1 de febrero logró que el presidente de la Corte de Nueva Loja de entonces, Alberto Guerra,  revoque las tres órdenes de prisión vigentes, por terrorismo y dos por peculado. Ese día se dieron sucesos hasta ahora no explicados. Las dos secretarias de la Corte, Mariela Salazar y Liliana Suárez, fueron retenidas por supuestos militares. Una secretaría ad-hoc gestionó las boletas de libertad pero cuando llegaron a Quito, la Policía embarcó en un patrullero al director de la cárcel, Washington Yaranga. Guerra fue destituido aquel día.
El 8 y 25 de julio del 2008, el reemplazante de Guerra, Germán Yánez, dictó auto de llamamiento a juicio contra Llori y los dos contratistas.

Julio Sarango, abogado defensor de la imputada, presentó recurso de apelación y nulidad. “Fueron juicios direccionados para mantener presa a la prefecta. Las obras están terminadas, sirven a la gente”, señala y aclara que de haber irregularidades en el contrato debió señalarse responsabilidades administrativas.

Sarango recalca que la obra se ejecutó en el tiempo establecido y no hay ni un centavo de perjuicio al Estado. Por eso argumenta que no existe peculado.

Por eso la defensa mantiene una demanda contra el Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre las pruebas, Sarango presenta una versión judicial de Alfredo Paredes Ruales, jefe del equipo de auditores del examen al Consejo de Orellana. “...De la inspección física realizada a las obras ejecutadas en referencia, el equipo de control no determinó ningún perjuicio económico de parte de los contratistas a la entidad...”.

El ministro fiscal que promueve el caso, Nelson Guamán, es muy parco al responder sobre este argumento. “Mi actuación ha estado enmarcada en la ley y no persigo a nadie”, señala.

Semanas atrás fue destituido el presidente de la Corte que llamó a juicio a Llori. En su reemplazo se nombró a Juan Evangelista Núñez. Él y tres ministros jueces analizan una docena de carpetas para designar a tres conjueces que conocer el caso.

 

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