Domingo 27 de enero del 2008 Política

Salgado: González hizo bien su trabajo

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QUITO. Salgado se aloja en el edificio de la U. Andina, que goza de inmunidad diplomática.

Wilma Salgado Tamayo  tenía una sonrisa fácil. La mantuvo  durante su paso por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), entre marzo del 2003 y marzo del 2004, pero hoy, casi cuatro años después,  ya  no se le dibuja con tanta frecuencia en el  rostro.

Tiene sus motivos que, durante el relato, se transforman en nombres, apellidos y partidos. Algunos son más recurrentes: León Febres-Cordero,   Juan José Pons, los Isaías, el PSC,  Jaime Velasco. En fin, la  lista es larga.

Los responsabiliza de su traslado a Bogotá (donde se desempeña como parlamentaria andina por la alianza entre PAIS y el Partido Socialista, aunque  debía ejercer el cargo en Quito), eludiendo una orden de prisión por   peculado en el supuesto   pago anticipado y excesivo  a Bolívar González, a quien contrató como  su abogado de coactivas.

Desde el 6 de enero está en Quito – cruzó la frontera  por tierra–  y permanece en la  Universidad Andina, edificio que goza de inmunidad (por ser parte del Sistema Andino de Integración) y  cuyo rector es Enrique Ayala, ex diputado del Partido Socialista cuando ella encabezó la AGD. Además,   Marco Romero,   esposo de Salgado, es profesor en ese instituto; los tres son amigos desde la época universitaria.

Salgado no  habla demasiado de su estadía en Colombia, donde residía en un hotel, pero sí de quienes cree responsables de sus malos ratos. 
“La persecución es por  no haberle aceptado el fideicomiso El Descanso al señor Agustín Febres-Cordero, hermano de León Febres-Cordero,   conformado con tierras que   eran de unos comuneros de la Península”, asegura  Salgado.

Según la parlamentaria,  a través de funcionarios de la AGD,   le han llegado a ofrecer hasta $ 5 millones por  aprobar esquemas de pagos convenientes para el deudor y  la presionaban con el anuncio de juicios penales.  

Asumió el cargo en el gobierno de Lucio Gutiérrez, pero dice que aceptó por  pedido de Pachakutik, entonces aliado al régimen.  “Él decía ‘banqueros corruptos’, pero era bla, bla. Sus  asesores   me llamaban para decirme a qué reuniones     debía o no debía ir para definir o no mayorías, pero no les hacía caso”.

El 29 de  mayo del 2007, ella y   González fueron sentenciados  por el Tribunal 2º de lo Penal   a cumplir ocho años de reclusión, pero Xavier Aguilar, abogado de Salgado, asegura que   “tiene inmunidad por ser parlamentaria y goza de fuero de corte”.

También recuerda los embargos que realizó en Guayaquil y que le trajeron más juicios. “El caso de   Pons por  $ 56 millones  que  quise cobrarle. Después su medio hermano Antonio Andretta me persiguió cuando fue ministro de Gobierno. Hasta los jueces admitían mi  inocencia, pero me decían que me ponga a buen recaudo, entre ellos Jaime Velasco. Igual me iban a dictar  prisión por las presiones”.   

Salgado defiende a González, pero en su campo: el cobro de deudas.
  “Si ha cometido irregularidades en otras áreas, que lo juzguen, pero no por este caso, porque no hay nada. De pronto fue lo único que hizo bien”. Según ella, González –a quien la  Fiscalía  acusó  de tentativa de asesinato contra los ‘forajidos’ en las protestas del 20 de abril del 2005– cobró menos. “De acuerdo a la recuperación de cartera ($ 163,9 millones), se le debía pagar $ 4,9 y se le pagó $4,1 millones, aunque vio $ 2 millones con los descuentos”.
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