Martes 04 de diciembre del 2007 El País

El Gobierno acusa a las autoridades de Orellana

QUITO

El Gobierno insiste en que detrás de las protestas violentas registradas en la provincia de Orellana hay intereses políticos y clientelistas de algunas autoridades locales.

Por esa razón descarta cualquier posibilidad de diálogo y anuncia que buscará nuevos interlocutores en la comunidad.

El ministro de Gobierno (e), Fernando Bustamante, indicó que en las protestas en las que se ha utilizado explosivos como la dinamita, para el Ejecutivo son responsabilidad de grupos de extorsionistas políticamente conectados y manejados por las autoridades de la zona.

Entre ellas estarían la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, y la alcaldesa de Coca, Anita Rivas, quienes según indicó Bustamante, son responsables de “un modus operandi político basado en la sistemática violencia y extorsión hacia las empresas petroleras privadas y a Petroecuador”.

A decir del funcionario, los informes recogidos en Orellana demuestran que esas autoridades seccionales han desarrollado ”un método basado en el sicariato, la intimidación y la búsqueda de control de autoridades jurisdiccionales”.

“Son grupos de personas que están dedicadas al chantaje y a la violencia en Orellana, pero que responderán a la justicia por sus tropelías”, expresó Bustamante, quien acusó a Llori de bloquear los intentos del Gobierno en los últimos cinco meses para incorporar a Orellana al denominado Plan Ecuador.
El País

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