Si la Asamblea Constituyente la aprueba, la reforma daría paso a una suerte de legalización de las uniones entre homosexuales de tal manera que se garanticen sus derechos a la herencia, la seguridad social y hasta a adoptar niños, según admiten algunos comisionados.

El planteamiento genera opiniones diversas entre los aspirantes. Algunos, especialmente los de tendencia de derecha, lo rechazan tajantemente; otros, los de izquierda principalmente, lo apoyan de forma parcial porque el tema que más les preocupa es la adopción.

Ramiro Galarza, de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), expresa que “se le hace difícil aceptar” que las parejas del mismo sexo puedan adoptar.

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“Los padres son un ejemplo para los hijos. La relación homosexual, a mi criterio,  no es un ejemplo aceptable para un normal desarrollo de la familia”, indica el postulante.

Víctor Suárez, primer candidato nacional de Laicos Comprometidos, afirma que esa reforma sería perjudicial para la sociedad porque debilitaría la moral y los valores.

“Respetamos a todas las personas, incluso a los homosexuales, por la dignidad que tienen,  pero  no aceptamos que se apruebe su matrimonio”.

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“Si lo que se busca es la protección patrimonial, eso es solucionable a través de figuras contractuales que constan en el Código Civil”, refiere.

Diego Monsalve (ID) señala que si bien la socialdemocracia ha apoyado mundialmente ese tema, “la realidad europea es diferente a la latinoamericana y en particular la ecuatoriana”.

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“Nuestra sociedad se desarrolla en función del concepto de padre, madre e hijos... Por eso no podemos contemplar el tema de la adopción como derecho de las parejas del mismo sexo”, asevera él, quien agrega que otro tipo de garantías pueden aplicarse con una reforma legal, y no necesariamente deben estar en la Constitución.

Jorge Escala (MPD) dice que su agrupación no tiene una posición al respecto todavía porque espera que el debate se profundice. Pero a título personal está en desacuerdo porque esas uniones “van contra natura”.

Óscar Ugarte, candidato provincial del Frente Social Constituyente y activista gay, considera que “para celebrar este contrato social como es el del  matrimonio y la adopción necesariamente se debe estar en goce pleno de  los derechos de ciudadanía”.

Según Ugarte, la propuesta no proviene de la comunidad denominada GLBT (Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transgéneros) sino de “nuestros detractores para en el extremo causar pánico y repulsión”.

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Marcela Frugone, miembro de la Comisión Nacional de Asignación de Adopciones, señala que si se aprueba esa reforma constitucional habrá que efectuar un cambio en la legislación vigente. Usualmente, la Comisión entrega niños a parejas casadas  o con unión estable de muchos años.