La caída de un helicóptero que transportaba tablones de caoba desde la selva de Pastaza a la vía Puyo-Macas, a mediados de diciembre, desencadenó una ola de críticas y reclamos de organizaciones indígenas amazónicas y ambientales. Esa presión hizo que la ministra de Ambiente, Ana Albán, dictara un acuerdo, con fecha 11 de enero del 2007, en el que se establece una veda a la extracción de madera de caoba y cedro por el lapso de dos años.

Sin embargo, el decreto solo establece la prohibición para la tala en  bosques protegidos y se exceptúa “las plantaciones, árboles plantados y aquellos que estén en tierras agrícolas”, señala el documento.

En los considerandos del acuerdo tampoco se menciona la existencia de algún inventario sobre la cantidad de plantaciones o árboles de caoba y cedro existentes en el país ni el riesgo en que se encuentran las especies. Se hace referencia, eso sí, a que estas forman parte del Apéndice II del Cites, convenio internacional que establece requisitos especiales para la explotación y comercialización de especies animales y vegetales en peligro de extinción.

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Precisamente la falta de un inventario y de estudios sobre la caoba generan críticas contra el Ministerio de Ambiente. Mientras la ministra Albán analizaba la puesta en vigencia del decreto, la primera semana de enero, Ximena Buitrón, autoridad científica del convenio Cites en Ecuador, reclamaba sobre la falta de ejecutividad para producir información sobre la especie.

La autoridad científica es la encargada de emitir permisos Cites para la exportación de caoba y cedro y entre los requisitos se exige realizar una inspección de campo para comprobar que la madera proviene de áreas no protegidas, de que la extracción no ponga en peligro la especie, entre otros.

“Nosotros tratamos de asesorar al Ministerio de Ambiente para que se tomen medidas y así tener información científica. Si se puede talar o no y si se puede talar, cuánto, pero no ha sido posible ponerse de acuerdo”, señaló Buitrón.

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En el acuerdo ministerial del 11 de enero, que determina la veda, se establecen los mismos requisitos que regían antes de esa fecha para exportar caoba y cedro. Esto es la presentación de un plan de aprovechamiento sustentable, de una inspección a la zona a talar para comprobar que no se trata de bosque nativo; contar con guías de movilización y el informe Cites.

Buitrón insistió en que no hay estudios poblacionales y mientras no existan estos, no se entregarán permisos de exportación. “Los planes de manejo que otorga la Dirección Nacional Forestal del Ministerio de Ambiente no cumplen los requisitos del convenio Cites”, agregó.

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Pedro Barquet, gerente de Indumad, empresa que compra, procesa y exporta madera, mencionó que no se puede declarar una veda sin estudios. Señaló que si no se cosecha, los árboles caen por los años y perjudican a otras especies.

En el Ministerio de Ambiente no se dio detalles sobre la veda. Voceros de la Dirección de Comunicación de esta cartera indicaron que existe la disposición “de no pronunciarse mientras no se publique en el Registro Oficial”.

TABLAS

VEDAS
Esta es la segunda ocasión que  se decreta una veda para la caoba y el cedro en el país. Estaba prohibida la extracción de estas especies desde 1996 y por cinco años, salvo en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos.

EXPORTACIONES
Hasta el 2003 el país exportó caoba. Según los registros del Banco Central del Ecuador, ese año se enviaron  56,66 toneladas métricas a los Estados Unidos.

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