La ley reformatoria al Código Penal que establecía sanciones para los responsables de difundir conversaciones telefónicas, fue vetada totalmente por el Ejecutivo y con ello quedó archivada  al menos por un año.

La notificación del veto fue remitida ayer al Congreso, luego de que el régimen recibiera en esta semana las sugerencias y observaciones de representantes de los medios de comunicación sobre  esta ley  y que fuera aprobada por gestión del diputado Alfonso Harb (PSC).

En el oficio, el presidente de la República, Alfredo Palacio, señala que la reforma penal es una disposición muy represiva, si se toma en cuenta que su propósito es sancionar una conducta por la sola posibilidad de daño y no por la lesión misma.

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“Es decir que basta interceptar, interferir, grabar, publicar o divulgar información obtenida violando el derecho al secreto de las comunicaciones, para que se  entienda cometido el delito o lesionado el bien jurídico y, por ende, que  el agente sea reprimido con la pena propuesta, sin importar que se use o no la información obtenida...” anota el texto.

El régimen consideró que la ley es “exagerada y desproporcionada” en la parte atinente a las penas para quienes divulguen información sin autorización respectiva.

El autor de la Ley, Alfonso Harb, señaló en Guayaquil que “Palacio una vez más ha sido influenciado por las presiones, en este caso de los medios de comunicación” y recordó que hace dos meses le vetó la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor por supuestas presiones de empresas de telefonía celular.

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En tanto el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dijo que quien interviene una conversación telefónica privada es un delincuente y que tanto la libertad de información y el ejercicio profesional del periodismo están garantizados en la Constitución. “No entiendo cuál es el conflicto, para mí lo primero es delictivo y debe ser penado, y lo segundo es un derecho que debe ser respetado” precisó.

PROYECTO

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SANCIONES
La reforma al Código Penal sancionaba con uno y tres años de prisión a las personas que  violaran secretos de seguridad nacional, y de tres a seis años para secretos relacionados con asuntos comerciales o industriales.

CONSENSO
Según José Toledo, secretario de Comunicación, el Ejecutivo está dispuesto a abrir un debate entre la ciudadanía, los parlamentarios y los medios para consensuar textos legales que sancionen el espionaje telefónico.