El Gobierno empezó a recibir  sugerencias de los sectores de opinión, previo a una resolución sobre la aprobación o veto a la Ley Reformatoria al Código Penal, que determina sanciones para quienes graban conversaciones telefónicas.

Ayer el secretario de la Administración, José Modesto Apolo, se reunió con representantes de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) para dialogar sobre el contenido de la ley que varios sectores cuestionan, pues aducen que perjudica a la libertad de expresión y de prensa.

En la cita estuvo también el secretario de Comunicación, José Toledo, quien confirmó que hoy habrá un nuevo diálogo con delegados de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión.

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Ayer en Carondelet estuvieron también dirigentes de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), quienes se reunieron con el secretario jurídico de la Presidencia, Roberto González, a quien le entregaron un oficio en el que recomiendan al Gobierno plantear cambios a la reforma aprobada en el Congreso.

La recomendación va dirigida a garantizar la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia y de cualquier otro tipo de comunicación, pero que ratifique las garantías, el derecho y la protección al libre ejercicio del periodismo y la comunicación.

El Ejecutivo tiene hasta este domingo para resolver si veta el proyecto o lo publica en el Registro Oficial.