Aun así, una semana después, la entrega de recursos para beneficio del campo todavía no se hace realidad. El Banco Nacional de Fomento, para mencionar un solo ejemplo, no ha definido aún en qué condiciones operarán las líneas de crédito especiales que se anunciaron. Se declaró la emergencia, pero se actúa con la misma lentitud que en una situación normal.

La sequía y las heladas deben preocupar al sector oficial no solo por sus consecuencias sociales directas, al agravarse la pobreza de decenas de miles de familias que perdieron su inversión y su trabajo. También podrían ser muy serias sus consecuencias económicas, ya que si la producción agropecuaria continúa abandonada, la oferta de alimentos se reducirá, y eso ocasionará nuevos incrementos de precios. El impacto social de la emergencia se extenderá también a las ciudades.

Ahora que llegaron las primeras lluvias, podría ocurrir que el sector oficial ignore aun más el drama que se vive en el sector rural. Pero si el cambio de clima ayuda, no es suficiente. Lo que ya se perdió, difícilmente se lo podrá recuperar. La emergencia, por lo tanto, continúa, y seguir con la negligencia sería inadmisible.