¿La administración de justicia se ha fortalecido con el nombramiento de la nueva CSJ o es necesario seguir
la reestructuración?

Solo nos basta hacer una relación entre los juicios activos o represados que se encuentran en trámite en la Corte Suprema (aproximadamente 6.000) y los que se tramitan en el resto de la “administración judicial” (aproximadamente 1’250.000) para responder que la “Justicia” en nuestro país apenas ha dado el primer pinino de cambio para que los más de trece millones de habitantes comencemos a tener esperanza del fortalecimiento de este campo, el que por ahora debería llamarse solamente de aplicación de la ley (generalmente retorcida). Creo además que apenas se ha encontrado el llavero en el que se colocará el instrumento para abrir el candado de la viveza criolla del campo judicial.

Ing. César E. Castillo D.
Guayaquil

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Es imprescindible la independencia interna y externa de los magistrados judiciales, asegurándoles la inamovilidad por tiempo indefinido como ocurría en las primeras constituciones del Ecuador, a menos que en el ejercicio de sus funciones demuestren incapacidad, mala conducta o falta de probidad.Los funcionarios elegidos no deberían admitir presiones políticas de los grupos de poder o mandato imperativo del colegio electoral que los elevó a tan alta magistratura, porque una vez posesionados se convierten en guardianes de la constitucionalidad de las leyes, decretos o resoluciones.

La organización de la justicia puede ser mejor en un país o en otro, sin que ninguna esté al abrigo de sentencias intrínsecamente injustas. Lamentablemente la clase política constantemente pretende liquidarla mediante la reorganización de los tribunales y cesar a los magistrados bajo la amenaza de prevaricato.

Álex León Ramírez
Guayaquil

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Designada la nueva Corte Suprema, parece que se olvidaron del problema de la Función Judicial, cuando se sabe que la institución es inmensa y que las deficiencias y quejas se han dado en todo el país.

Lo que deberá venir a continuación es una verdadera depuración judicial sacando a los malos elementos.
El problema está en que más fácil será decir quiénes deben quedarse y continuar en sus puestos, porque son pocos, que señalar a los que tienen que irse.

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Buscando lo menos complicado y para que no haya injusticias en la selección del personal, en cada provincia debería convocarse a una consulta de los abogados, que son quienes más están en contacto con los funcionarios y empleados judiciales de su jurisdicción y por tal razón conocen a los buenos y malos elementos, para que por medio de voto secreto indiquen los nombres de los buenos empleados judiciales que deben quedarse.

A los elegidos se les calificará con puntos, de esta forma será mas rápida la depuración y posiblemente menos injusta, dejando las vacantes para los nuevos aspirantes que deberán pasar los test psicológicos y demás exámenes.

José Ernesto Méndez R.
Guayaquil

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