Espionaje: Un escándalo que afecta a Bush

Las intercepciones de llamadas telefónicas y de los correos electrónicos han puesto al debate las prerrogativas presidenciales y el control y supervisión entre los tres poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Los fantasmas del escándalo Watergate, que provocó la dimisión del presidente Richard Nixon, acechan nuevamente a la Casa Blanca, tres décadas después, con otro mandatario republicano, George W. Bush, también en su segundo mandato.

El espionaje fue advertido por el diario The New York Times, y aunque primero lo negó, Bush luego admitió y defendió la iniciativa, al recalcar que es “una medida de protección” que “no viola las libertades civiles” y que tiene la absoluta autoridad para ordenarla y continuar con ellas.

Bush dijo el pasado sábado 17 que autorizó en el 2002 a la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA), sin orden judicial y sin informar al Congreso, espiar líneas telefónicas y correos electrónicos de cientos de personas en EE.UU., lo que está prohibido por una ley promulgada en 1978.

La NSA fue creada en 1952, es la mayor agencia de espionaje de EE.UU., con al menos 30 mil hombres y depende del Departamento de Defensa.

Pero el gobierno, a través del secretario de Justicia, Alberto González, afirmó que la acción la legitima el Patriot Act o Ley Patriota, que el Congreso aprobó y Bush firmó, una semana después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.

Altos funcionarios del gobierno salieron también en defensa de la acción: el pasado jueves el el subsecretario de Justicia, William E. Moschella, afirmó en una carta al Congreso que “es más importante la seguridad nacional que la privacidad de la gente” y que el presidente George W. Bush autorizó el espionaje en territorio estadounidense para impedir cualquier eventual ataque terrorista.

El vicepresidente Dick Cheney ratificó que la autoridad de la Casa Blanca es suficiente para disponer las escuchas de sospechosos de terrorismo, resaltando  que las medidas han impedido más atentados en EE.UU. y pidió poderes presidenciales más fuertes, “para recuperar la autoridad de la presidencia” estadounidense, según él, socavada desde el caso Watergate y la guerra de Vietnam.

En el Congreso, por el contrario, el presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Arlen Specter, impulsa una investigación para determinar qué actividades fueron autorizadas y realizadas, cuántos nombres y números estuvieron involucrados, en qué periodo y cuál fue la autoridad legal. “En la Casa Blanca hablan de una autoridad constitucional, pero hay límites a lo que puede hacer el Presidente, señaló.

Para el congresista José Serrano la guerra contra el terrorismo “infringe en nuestras libertades civiles” y utiliza “el aparato policial para silenciar la disensión política”, mientras que para el senador demócrata Robert Byrd, Bush “ha usurpado” la autoridad del Poder Judicial, en una “clara violación” de la Constitución.

Las leyes
El Congreso defiende la vigencia de La Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero se adoptó en 1978, tras Watergate, al considerarse que el presidente Richard Nixon había abusado de su autoridad al espiar a políticos en el país.

Esta ley impedía el espionaje a los estadounidenses dentro del país, salvo una orden judicial autorizada por una corte especial que la podía  aprobar en horas y separaba las funciones del FBI como investigador de delitos en el país, de sus actividades de espionaje contra espías extranjeros y terroristas internacionales.

La situación cambió tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, que trajo como consecuencia la aprobación de la Ley Patriota, que amplía los poderes policiales del gobierno pero criticada por violentar las libertades civiles.

La Ley Patriota, prorrogada por el Congreso por solo seis meses para ampliar su estudio y no en forma definitiva como pretendía el gobierno de Bush, permite registros secretos, interceptar llamadas telefónicas y otras medidas policiales sin control judicial, justificadas por el solo hecho de ser preventivas contra el terrorismo.

Otros abusos
La polémica sobre los servicios de espionaje de EE.UU. se acrecentó con la denuncia de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, en inglés), también publicada por el The New York Times, el pasado martes, de que en el banco de datos del Pentágono se detalla unos 1.500 “actos sospechosos”, de ciudadanos estadounidenses que presumiblemente representan una amenaza terrorista.

Entre estos actos están las manifestaciones contra la guerra en Iraq y protestas contra el reclutamiento en escuelas.

Además se afirmó en el NY Times  que la policía federal (FBI) ha espiado a numerosos grupos de activistas que trabajan en temas ecológicos,  protección de animales y alivio de la pobreza, sospechosos de tener vínculos con actividades  “violentas” o “perturbadoras”, entre ellas Greenpeace, Trabajadores Católicos y Trato Ético de Animales.

Unos de estos grupos, el pacifista Truth Project, de Florida dijo que demandará al gobierno estadounidense por violar sus derechos civiles, al vigilar sus reuniones, calificadas como una “amenaza” por el Pentágono.