Aunque su debate aún no se inicia en el Pleno del Congreso, el alcance social del proyecto de una ley que legalice el aborto despierta una fuerte expectativa entre los bloques parlamentarios, unos a favor y otros en contra.

Esta mañana los diputados Pascual del Cioppo, del Partido Social Cristiano (PSC), y Luis Villacís, del Movimiento Popular Democrático (MPD), en declaraciones para TC Televisión, discutieron el tema del aborto y los alcances que esta ley puede tener en la vida de los ecuatorianos.

Del Cioppo aseguró que su partido está “completamente en desacuerdo con tremenda barbarie”, ya que el Estado en su leyes asegura el derecho a la vida.

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Villacís sostuvo la teoría del derecho a la vida, por lo que calificó la propuesta como una “cortina de humo” para distraer la atención de la ciudadanía de otros temas como la desocupación, migración y la falta de atención a la salud y educación.

Por su parte, el diputado socialcristiano sostuvo que según la doctrina cristiana, “nadie puede negarle la vida a otro ser bajo ninguna circunstancia, porque no le pertenece a él, sino viene de un ser sobrenatural como lo es Dios”.

Dicho argumento fue criticado por Villacís, quien recalcó la necesidad de voluntad y amor para traer un niño al mundo. “¿Qué hace una niña que fue violada por su padre?, ¿debe traer al mundo a la criatura en esa situación? Se tiene que tener en cuenta en la legislación la voluntad de las personas".

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Sin embargo, Del Cioppo precisó que la voluntad de una persona “se da sobre sí misma, pero no puede decidir por la vida de otro ser humano”.

La propuesta

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La iniciativa se concentra en reformar un artículo (447) del Código Penal que dé paso a la legalización del aborto en dos casos específicos: la violación o el incesto. La propuesta de los legisladores Miryam Garcés (ID) y Miguel López (Pachakutik) deberá ser analizada por la Comisión de lo Civil y Penal del Congreso en los próximos meses.

Según Garcés, no se trata de despenalizar el aborto en todas sus causas, sino de ofrecer una alternativa a las mujeres que han sido abusadas sexualmente.

El proyecto presentado al presidente del Parlamento, Wilfrido Lucero (ID), admite la legalización de esta práctica, pues “la cuestión es reconocerle a las mujeres la libertad de vivir su sexualidad y elegir si continúa o no con su embarazo”.

El documento también sostiene que la afectada es quien “aprecia y valora las razones y circunstancias de su decisión informada consciente y voluntaria”.

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