El 17 de febrero de 1999, el entonces diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD), Jaime Hurtado González, y sus asesores Pablo Tapia y Wellington Borja, fueron asesinados.

Al inicio, la entonces ministra fiscal Mariana Yépez supervisó el caso, incluso presentó la excitativa fiscal, y sus subalternos continuaron con el trámite. Este proceso, luego de seis años, hasta marzo tenía un solo detenido, Freddy Contreras, quien se estima participó en el delito.

El 19 de julio del 2002 la fiscal subrogante de Pichincha, Elsa Moreno, acusó de asesinato a Washington Aguirre y Cristian Ponce, y de encubridor a Serguey Merino. Se abstuvo de acusar a 23 sindicados más, entre los que figuraban quince miembros de la Policía, un fiscal, además del ex embajador de Ecuador en México, Medardo Cevallos Gómez-Piñán.

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A base de este informe fiscal, la Presidencia de la Corte Superior de Quito dictó un juicio plenario contra los acusados. Sin embargo, ya no fueron detenidos porque habían abandonado el penal García Moreno (ahora llamado Cárcel 1), donde purgaron penas por otros delitos. “La Fiscalía tuvo una actitud pasiva frente al asesinato de Jaime Hurtado, no gestó ningún acto procesal que lleve a esclarecer este crimen. Estamos en la agónica situación de llegar a la impunidad, y en eso la Fiscalía tiene mucho que ver”, dijo Lenin Rosero, abogado de la familia Hurtado.

En el 2003, la Corte Superior de Quito llamó a plenario a cinco sindicados como presuntos autores intelectuales del asesinato del diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD), Jaime Hurtado, y dos de sus colaboradores.

Ellos son: Washington Aguirre, Christian Ponce, Freddy Contreras Luna, Gerardo Martínez (a) Milanta y Henry Wilbeth Gil Ayerve (a) Henry.

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A Serguey Merino lo llamó como encubridor de la infracción, que se perpetró el 17 de febrero de 1999.

En contra de todos el juez dictó la detención en firme y solicitó a la Policía su localización y captura. Contra ellos ordenó el embargo de sus bienes hasta por 30 mil dólares.