Trabajos forzados para fiscales retenidos en Cotopaxi

Miembros de comunidad piden que la Policía les entregue a grupo de cuatreros detenidos.

Con un látigo en la mano, María Petronila Yalomajín obligaba la mañana de ayer a que los fiscales de La Maná, Marco Loza e Iván León, cargaran lastre en una carretilla para depositarlo en el camino lodoso de acceso a la comunidad Saraguasi.

“Así se trabaja aquí, así sufrimos en el campo”, gritaba la mujer, mientras un centenar de comuneros, entre indígenas y mestizos, era  testigo  de la escena.

A un costado, un hombre hacía sonar un cuerno, llamaba para que más vecinos se concentren en la comunidad, ubicada a dos horas al oriente del cantón La Maná.

La jornada de trabajo no duró más de quince minutos, pero fue extenuante para los funcionarios, en especial para Loza (69 años) que tiene problemas cardiacos.

Este era un castigo más que ellos soportaban desde el mediodía del pasado lunes, cuando 200 comuneros irrumpieron en sus oficinas y se los llevaron a Saraguasi para exigir que les entreguen a tres presuntos cuatreros detenidos por campesinos y entregados a la Policía el pasado viernes.

“Los ladrones hacen daño cuando quieren, nos afectan a nosotros los pobres, pero los fiscales y policías los protegen. Ya estamos cansados”, indicó el dirigente comunitario José Manuel Umajinga.

En una asamblea, la noche del lunes pasado, unos 200 miembros de una decena de comunidades de los cantones La Maná, Pujilí y Sigchos, situados al oeste de Cotopaxi, decidieron delante de los dos fiscales mantenerlos retenidos hasta que se les entregue a los detenidos por la Policía para aplicarles la justicia indígena: pegarles con ortiga y echarles agua.

Aquella noche  Loza y León debieron permanecer dos horas en un calabozo indígena denominado cepo. Es un pozo de tres metros de profundidad y un metro de ancho por dos de largo, sobre la que se levanta una especie de choza de adobe.

Ahí van a parar quienes violan las leyes comunitarias o cometen otros delitos. El tiempo de permanencia es según la falta, de horas a días y se alterna con el latigueo, ortigada y baños. A los fiscales aún no les toca los castigos.

Los principales  acusados de los comuneros son Loza y la Policía. El primero por no haber estado en La Maná el pasado sábado, cuando ellos querían presentar sus denuncias contra los cuatreros.

Al jefe de la Policía, mayor Édison Fernández, quien permanece en su oficina, lo tildan de mentiroso porque el sábado pasado se comprometió con los campesinos a mantener a los presos en La Maná y no enviarlos a Latacunga, pero no cumplió.

La acción de los comuneros se justifica, según Manuel Millingalle,  secretario de la comunidad Saraguasi, basado en el artículo 191 de la Constitución, que garantiza la justicia ancestral en los pueblos indígenas.

OTROS CASOS

13 de noviembre de 1999. Washington Villacrés Flores falleció en la casa comunal de Angahuana Alto, de la parroquia Santa Rosa de Ambato, cuando junto a otras cinco personas era interrogada por comuneros para conocer sobre su presunta participación en hechos delictivos.

14 de noviembre de 1999. En la misma comuna de Angahuana, los indígenas le cortaron el pabellón de la oreja derecha a las otras seis personas detenidas junto con Villacrés, a quienes acusan de robo. Los afectados fueron identificados como: María Quinapanta, Nelson Guamán, Martha Cecilia Pinto, Moraima Palomo, Eduardo Yugcha y Eduardo Chimborazo.

29 de noviembre 2001. Varios comuneros de Chimbacucho, en la parroquia Zumbahua, del cantón Pujilí, en Cotopaxi, retuvieron al líder indio y ex asambleísta José Manuel Vega, acusado de no rendir cuentas a los ciudadanos y de no llamar a elecciones en las comunas.

25 de enero del 2003. Nueve trabajadores petroleros de la empresa CGG fueron retenidos  por indígenas kichwas que se apoderaron de un campamento en el sector de Pingullo, a tres kilómetros de la comunidad de Sarayaku.