Si alguien perdió luego del agotante proceso de discutir la reforma política fue el pueblo ecuatoriano.

Así lo consideran analistas consultados por este Diario quienes sin embargo, afirman que el gran perdedor es el presidente de la República, Alfredo Palacio, cuyo principal ofrecimiento quedó sepultado tras las maniobras que ejecutó el Congreso este año.

Pablo Andrade, catedrático de la Universidad Andina, explica que lo ocurrido con la consulta popular de Palacio no es más que una de las consecuencias de los hechos de diciembre del 2004, cuando el Ejecutivo de entonces y el Parlamento actual echaron abajo a la Corte Suprema de Justicia.  “Esto generó una  conmoción institucional de largo plazo en la que el presidente asumió la deuda de su antecesor (Lucio Gutiérrez) de impulsar una reforma constitucional y así conquistar la voluntad popular”, dice.

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Asegura que uno de los errores de Palacio fue no consolidar la fuerza social necesaria para ese proyecto, mientras que el Legislativo solo demostrar la falta de voluntad para impulsar los cambios que pedía la ciudadanía.

Según el sociólogo Simón Pachano, el fracaso de la consulta se dio por la debilidad del Gobierno, que fue presa fácil de las maniobras políticas del Congreso. De ahí, afirma que hay una corresponsabilidad del Parlamento, quien tampoco presentó textos claros de lo que pretendía con la reforma abriendo el candado constitucional.

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo coincidían en que se debe hacer una reforma política  y se quedaron en el debate sobre el procedimiento, pero nunca discutieron el contenido, añade Pachano, quien no comparte la tesis de que en el país se debe instalar una Constituyente.

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La Constituyente puede servir para el “show” donde cada sector político presionará para que esa asamblea tome determinadas acciones, y no precisamente responderá a los intereses nacionales.

Andrade comenta que el Congreso también salió perdiendo en este proceso, porque la imposición del criterio legislativo en temas como el presupuesto del Estado es “un triunfo pírrico (...) que si bien le ha permitido conservar sus privilegios (...) ha significado la ganancia de los intereses del PSC e ID sobre los intereses nacionales”.

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Virgilio Hernández, del Foro Urbano, y Manuela Gallegos, de Acción Democrática Nacional,  dos de las organizaciones que apoyan la Constituyente, también creen que el Gobierno perdió la batalla frente a los partidos representados en la Legislatura.

“Ecuador tiene un Congreso ciego y un presidente sordo”, señala Hernández, para quien la clase política fue la que impuso su voluntad con el propósito de preservar los intereses de grupos minúsculos, mientras que el régimen fue dubitativo y poco claro en la convocatoria a la Asamblea Constituyente.