Una ‘hoja de ruta’ equivocada

Al régimen le faltó definir  una estrategia para impulsar el referendo y lo que denominó su fortaleza, no pertenecer a un partido político, se  convirtió en una debilidad. El Parlamento se aprovechó de ello.

“Lo que empieza mal, termina mal”. Con esa frase se podría resumir la ‘hoja de ruta’ que el Gobierno se trazó para tratar de conseguir la refundación del Estado, a través de una consulta popular.

Y empezó mal porque, tan pronto como el Ejecutivo convocó, a fines de abril, a las organizaciones sociales, y movimientos ciudadanos a discutir el tema, faltó coordinación política. Hacia mediados de mayo, tres semanas después de que Alfredo Palacio asumiera el poder, el Ejecutivo tuvo el primer traspié.

Bajo la dirección del vicepresidente Alejandro Serrano, se intentó conformar un “comité de gestión” para definir la metodología de la concertación sobre la reforma.

El grupo, integrado entre otros, por el concejal de Quito, Augusto Barrera (PK); el ex sacerdote Eduardo Delgado; el ex asesor, Homero Cervantes y la representante de organizaciones de género de Esmeraldas, Mae Montaño, no duró más de dos semanas. Se disolvió porque no hubo consenso sobre el método ni sobre los temas sensibles, más allá de la reforma política que había sido una promesa de Palacio.

Entre ellos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la declaratoria de caducidad del contrato con la petrolera Oxy, y la permanencia del puesto de avanzada estadounidense en la base militar de Manta. Ahí se dio un primer desencanto.

Los cambios de estrategia y las promesas no cumplidas marcaron los meses siguientes. En ese lapso, Palacio pasó del ofrecimiento de convocar a una Constituyente (el 20 de abril), a una aclaración de que no estaba planeando tal cosa (el 4 de mayo), luego a las explicaciones de que la organización de una Asamblea tenía “graves limitaciones” porque se requeriría de un nuevo estatuto electoral (el 7 de mayo), y así hasta el 14 de octubre cuando el bloqueo político del Congreso lo llevó a pedir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se pronuncie sobre la convocatoria a la Constituyente.

Paralelamente, el régimen organizó un Proceso de Concertación con la Sociedad Civil, el encargado fue nuevamente el vicepresidente  y también Alexandra Pérez, directora del Conam, organismo que abrió su página web para recolectar las propuestas ciudadanas.

El plazo impuesto por el Gobierno para la sistematización de esas sugerencias aún no terminaba (en septiembre), cuando el 22 de julio Palacio envió al Congreso un proyecto de consulta con siete planteamientos.

A ese “primer ensayo” (como lo calificó Roberto González, secretario Jurídico de Carondelet), le siguieron otros cuatro, dos al Congreso y dos más al TSE. Todos se encontraron con una muralla política por respuesta y en ese proceso, el régimen perdió a dos ministros de Gobierno: Mauricio Gándara y Oswaldo Molestina (ID).

Gándara no buscó acuerdos con el Congreso y mantuvo una actitud de confrontación con los legisladores; mientras que Molestina, pese a su vínculo con la Izquierda Democrática, no logró consenso con los partidos sobre 17 preguntas que el Ejecutivo envió al Parlamento. Molestina abandonó el Ministerio el 12 de octubre y a partir de entonces Galo Chiriboga, hasta entonces ministro de Trabajo, asumió temporalmente la cartera política.

Él, al igual que sus antecesores, no tuvo éxito en la negociación y vanos fueron sus esfuerzos por lograr que el TSE se sensibilice ante los dos pedidos de convocatoria a consulta para una Constituyente.

Pese a su cercanía con las organizaciones sociales, sobre todo de defensa de los Derechos Humanos, Chiriboga tampoco pudo sostener el apoyo social que logró la Constituyente en octubre y, con ello, el Gobierno perdió la oportunidad de una alianza que lleve al Congreso a que, por convencimiento o por presión, dé el aval político que la consulta necesitaba.

Fue precisamente Chiriboga, quien el 5 de diciembre anunció, en una rueda de prensa, la sentencia final a un proceso que nació herido. Una de las frases utilizadas por él, dejó claro el destino de la ‘hoja de ruta’ presidencial, “con esto se cierra un capítulo más de la historia ecuatoriana”, manifestó.

No bostante, el nuevo ministro de Gobierno, Alfredo Castillo, ratifica como una prioridad la consulta popular, con lo cual deja abierta la posibilidad de la reforma política, aunque son pocas las esperanzas en el Congreso.