El diputado socialcristiano  Alfonso Harb  descartó ayer que las reformas al artículo 202 del  Código Penal pretendan encubrir grabaciones telefónicas como las que se publicaron en los medios de comunicación de una conversación entre el ex mandatario roldosista, Abdalá Bucaram, y la fiscal (s), Cecilia Armas.

Harb comentó que justo ese hecho pone en evidencia que no es el periodismo el que graba, sino personas que tienen intereses particulares.  Explicó que la reforma al Código Penal no impide el acceso a la información.

Este tipo de grabaciones, añadió,  se realizan para tener pruebas para manejos oscuros o turbios dentro de la política; pues en el caso de la fiscal quien hizo la grabación es una persona que tiene deuda con la justicia.

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Añadió que la grabación se hace para presionar a la fiscal y solo se publica cuando no le resulta esa estrategia.

Las grabaciones –agregó– son actos ilícitos que lejos de descubrir actos de corrupción generan segundos y terceros actos de corrupción, porque las grabaciones magnetofónicas son utilizadas para sacar beneficios personales.

Dijo que el proyecto de su autoría no tiene relación con la grabación de la fiscal Armas, porque ese proyecto de ley se presentó en el Congreso en el 2003, cuando todavía no había estas supuestas grabaciones.

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La reforma al Código Penal, que la próxima semana conocerá el Ejecutivo, plantea la prisión de seis meses a un año y una multa de 500 a 1.000 dólares a la persona que intercepte llamadas telefónicas, las grabe y publique sin consentimiento de los involucrados u orden judicial.