La ministra viajó ayer a Washington y tiene previsto regresar el próximo 21 de diciembre.

Los diputados son los únicos jueces de Armas, pero estos se fueron de vacaciones ayer.

En medio del escándalo que surgió luego de que el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) presentó la grabación de una conversación entre la ministra fiscal subrogante, Cecilia Armas, y el ex mandatario Abdalá Bucaram, en el que este le comunicaba que iba a salir del país, ella  viajó ayer al extranjero.

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La Fiscal se fue a Washington a las 09h00, visita que tenía programada desde la semana pasada, para cumplir una invitación del encargado de negocios de ese país en Quito y participar en reuniones sobre temas de migración. Su regreso está previsto para el próximo 21 de diciembre.

Mientras tanto, ex funcionarios cuestionan dicha acción asegurando que debió quedarse a aclarar si la conversación telefónica realizada el 24 de abril pasado es real o fue editada como lo denunció ella el miércoles anterior.

La suerte de la fiscal subrogante dependerá de una decisión política del Congreso, pues a criterio del jurista Jorge Andrade Lara, la autoridad no está sometida a un juzgamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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Veinticuatro horas después de que el PRE hiciera pública la grabación el martes pasado, el ex ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, afirmó que la ministra permitió la fuga de Bucaram, al extender un certificado que decía que no enfrenta una orden de prisión.

Con ello, según Gándara, Armas cometió una infracción por la cual debe ser juzgada y sancionada por la justicia. Aunque lo que dijo Armas fue que ella no ordenó la prisión de Bucaram, pues solo los jueces tienen esa facultad.

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La posición del ex ministro no es compartida por el ex magistrado de la CSJ Jorge Andrade Lara, quien afirma que debe ser el Parlamento el que juzgue lo que él considera una conducta impropia de Armas, que se produjo cuando conversó con un delincuente.

Aunque legalmente, aseguró, no cometió ningún delito por haber hablado con un procesado (Bucaram), cuya situación jurídica no está muy clara, pues las dos causas que se le siguen por peculado, en los que tenía convocatoria a juicio ejecutoriados, fueron anulados por Guillermo Castro, ex presidente de la CSJ.

Según las declaraciones de Gándara, dijo Andrade Lara, la única posibilidad de enjuiciar a Armas sería por el presunto delito de inducir a engaño a la autoridad (aunque aún no se identifica a quién engañó). “Armas debía llevar su cargo con autoridad y no dar consuelo a un delincuente”.

Gándara aseveró que la Fiscal entregó una notificación a la Policía sobre la vigencia de las órdenes de prisión de Bucaram; pero, al mismo tiempo, le otorgó a él otro certificado en el que decía que ella no dictó ordenes de prisión, lo cual facilitó su fuga del país.

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“Mientras la policía le cercaba a Bucaram, la Fiscal estaba en tratos con él para incluir al PRE y SP en un eventual respaldo, pues ya tenía los votos del PSC, para una posible reelección en el cargo”, agregó.