El Gobierno difundió ayer información sobre los antecedentes profesionales del perito Javier Chaguaro, quien certificó la veracidad de la firma del presidente de la República, Alfredo Palacio, en el nombramiento de Miguel Robalino como coordinador del proyecto Modersa.

Los documentos incluyen informes del Instituto de Criminalística de la Universidad Central que relata que en el 2001, Chaguaro fue uno de sus documentólogos y como tal, cometió “abuso de confianza” al aceptar un contrato con el Tribunal Supremo Electoral para verificar las firmas de apoyo a la candidatura del líder del Prian, Álvaro Noboa.

También se adjuntan recortes de prensa, entre ellos uno del vespertino quiteño Últimas Noticias del 23 de enero del 2004, en el que relata una denuncia contra Chaguaro, quien habría solicitado 5.000 dólares por emitir un informe a favor de una persona  acusada de alterar documentos bancarios.

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Según el reporte, en esa fecha Chaguaro se desempeñaba como perito registrado de la Fiscalía y el cobro máximo que podía solicitar por el informe era de 20 dólares. El funcionario inicialmente habría cobrado a Guillermo Cadena, padre del acusado, la cantidad de 900 dólares y luego habría incrementado su demanda para emitir el pronunciamiento favorable.