Los cuestionamientos al servicio de agua potable y a la calidad del líquido que se distribuye en la ciudad persisten.

El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos asegura que la concesionaria Interagua y la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag) violan la Ley Orgánica del Consumidor en su art. 32.

Esto porque –según la institución– estas empresas no dan un servicio eficiente, de calidad, oportuno, continuo y permanente en el suburbio oeste de Guayaquil.

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Y por no haber abastecido del servicio durante más de tres años en algunos sectores del suburbio oeste, pese a haber emitido facturas a los moradores.

Basado en ello, el director del Observatorio, César Cárdenas, solicitó al alcalde Jaime Nebot y al Concejo “reclamar a su favor la transferencia definitiva de la competencia que tiene la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag)”.

Según Cárdenas, Ecapag no ha cumplido con la supervisión del contrato ni ha controlado la concesión del servicio. Por eso –indicó– el presidente de la República, Alfredo Palacio, el Alcalde, los presidentes del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, de las cámaras de la producción de Guayaquil y el Rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral deben destituir a sus delegados en el directorio y nombrar otros.

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Pide también que se disuelva el contrato con Interagua por incumplimiento y se llame a concurso para que otras empresas privadas ofrezcan el servicio a la ciudad.