El Congreso quiere tomar ventaja frente al Gobierno en la reforma sobre el control del gasto electoral. Ayer aceleró los diálogos en busca de los 51 votos para aprobar las modificaciones de la Ley que establece $ 2’238.982 como monto máximo de gasto para el binomio presidencial.

Los diputados asumieron esa actitud luego del anuncio del ministro de Gobierno (e), Galo Chiriboga, de que el régimen enviará al legislativo un paquete de reformas electorales. Los legisladores no quieren que  el régimen marque la agenda del Parlamento.

El informe sobre la Ley de Control del Gasto Electoral ayer sufrió cambios sustanciales respecto de la fórmula de cálculo, luego que el presidente de la Comisión de Gestión Pública, Ernesto Pazmiño, se reuniera con los representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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La reforma sería incluida en el orden del día de mañana. La propuesta, según el informe borrador, determina que el monto máximo de gasto electoral para el binomio presidencial se obtendrá de multiplicar el valor de $ 0,25 por el número de ciudadanos que consten en el padrón electoral nacional.

Para los legisladores, miembros del Parlamento Andino y prefectos provinciales, el porcentaje de cálculo será  $ 0,20, los que se multiplicarán  por el total del padrón provincial. En las provincias donde haya menos de 150 mil empadronados, el porcentaje de cálculo subirá a $ 0,30.

La cifra que inicialmente se estableció para calcular el gasto del binomio presidencial fue de $ 0,40, lo que representaba un total de $ 3,2 millones para esas candidaturas.

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Pero se desestimó, según el diputado Ernesto Pazmiño (ID), porque en la misma ley se incluye la posibilidad de que el Ejecutivo financie el pago de espacios publicitarios igualitarios a las organizaciones políticas, lo cual no será contabilizado como gasto electoral.

El ministro Galo Chiriboga  manifestó que la consulta popular debe esperar un poco y que por ahora el Ejecutivo tomará iniciativas en torno a reformas electorales, como la creación de una Corte Electoral compuesta por jueces de derecho, el gasto electoral, y una garantía para mayor participación política.