Apenas acababa de terminar el largo y complicado proceso de designar a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no habían pasado sino horas desde que el último funcionario internacional que vino para la ceremonia de la investidura de la nueva Corte había dejado el país, que con todo el desparpajo y cinismo que la caracteriza, la partidocracia criolla asestó otro de sus golpes a otro máximo tribunal. Esta vez se trató del Tribunal Supremo Electoral, el organismo superior encargado de velar por la transparencia y seriedad de los procesos electorales.

No es que los anteriores organismos electorales han inspirado confianza, pero lo cierto es que pocas veces en la triste historia del sistema electoral ecuatoriano se había hecho gala de tanta desfachatez y arbitrariedad. Esta vez el problema fue tan simple como incomprensible en una democracia constitucional. Había trascendido que el Tribunal Supremo Electoral se aprestaba a rectificar su anterior negativa a organizar una consulta popular convocada por el Presidente de la República para que los ciudadanos escojamos entre dos mecanismos para introducir cambios importantes en la estructura política del Estado. Algo que aterraba y aterra a la partidocracia.

Frente a esta eventualidad, los dueños de este país en cosa de 48 horas dieron un giro de timón, de esos que acostumbran a dar con tanta eficiencia. Echaron de sus investidura a los vocales “rebeldes” y los reemplazaron con nuevos y dóciles aliados. Así de sencillo. El resto fue lo de menos: encontrar una justificación y proclamar a todos los vientos que ellos son los únicos defensores de la constitucionalidad en el Ecuador. Para mejorar la cortina de humo, amenazaron con enjuiciar al Presidente de la República acusándolo de atentar contra la seguridad nacional por habérsele ocurrido convocar a una consulta popular. Fin de la discusión.

Aquí, en esta hacienda, se hace lo que nosotros queremos, lo que a nosotros se nos viene en gana. Qué es esto de consultas, asambleas constituyentes, reformas estructurales. No vengan con estupideces. Aquí no se necesita sino que la masa vaya como borrego cada cuatro años a votar y nada más. Que se olvide del resto.

Uno podía y puede estar en desacuerdo con la anunciada consulta popular o hasta dudar de la seriedad con la que el Presidente manejó este asunto –si realmente hubiese deseado la Asamblea la debió haber convocado el 20 de abril de este año...–, pero lo que resulta reprochable e inconcebible es que el Congreso tome por asalto un tribunal para que, en definitiva, no dicte una resolución que no le gusta. ¿No fue eso lo que tanto criticaron al anterior gobierno con respecto a la Corte Suprema?

Con este antecedente, ¿se podrá realmente confiar en la seriedad y transparencia de las próximas elecciones generales? Si con tanta facilidad se obtiene que el Tribunal Supremo Electoral decida lo que quieren que decidan los amos del país, ¿qué nos garantiza que lo mismo no va a ocurrir más adelante con respecto a las elecciones?