Los colegios no podrán expulsar o negar la matrícula a las alumnas embarazadas, por disposición del Ministerio de Educación.

La titular de esa cartera, Consuelo Yánez, emitió ayer un acuerdo ministerial que prohíbe que los establecimientos educativos discriminen a las alumnas en estado de gestación.

La disposición está vigente para todos los colegios fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales de los niveles primario y secundario.
Yánez firmó el acuerdo después de varias reuniones con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, para emprender acciones contra el maltrato a los niños y adolescentes en el ámbito educativo.

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El acuerdo dispone, además, que los colegios creen condiciones favorables para la adaptación de las jóvenes embarazadas a las actividades pedagógicas.

El derecho de las adolescentes embarazadas a acceder a la educación está incluido en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, el acuerdo ministerial hace explícita la prohibición de discriminarlas.

Teodoro Barros, rector del Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar, se mostró a favor de la medida porque contribuirá a que se cumpla el derecho de las niñas y adolescentes a la educación. Sin embargo, dijo que los colegios deben evitar que las alumnas se sientan apartadas o sufran de algún tipo de discriminación en las aulas.

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Casos
La nueva disposición evitaría que se repitan situaciones como las ocurridas en el colegio fiscal Manuela Cañizares, de Quito, o  en el nacional Machala, en El Oro.

En marzo del 2003, las autoridades del Manuela Cañizares expulsaron a cuatro estudiantes: una pareja de adolescentes que confesaron que iban a ser padres, a otra alumna embarazada y a la estudiante Karen Barba, acusada de organizar una rebelión en protesta por las expulsiones.

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Después de la intervención del Ministerio de Educación y de reclamos de organizaciones estudiantiles y de derechos humanos, los alumnos fueron reintegrados.

En abril del 2004, el colegio nacional Machala, de la misma ciudad, fue el blanco de denuncias por disponer que nueve alumnas embarazadas no asistan a su ceremonia de graduación, sino que reciban sus títulos en privado.

Recientemente, el Ministerio de Educación recibió la denuncia sobre la expulsión de una estudiante embarazada en un colegio de Tulcán.