La gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Alejandra Cantos, defendió ayer la legalidad de la transferencia de una deuda de Parkenor a Silvadín, ambas vinculadas al Banco de Préstamos, la cual fue cuestionada por la Fiscalía del Guayas que, por esa operación, pidió medidas cautelares en su contra y de otros funcionarios de la AGD, con órdenes de prisión.

La denuncia original –por peculado– fue presentada en Guayaquil por Nicolás Brito, presidente del Comité de Clientes del Banco del Progreso, basado en un informe de la ex administradora de las instituciones financieras de la Sierra, Pilar Guayasamín, y de otros reportes de la Superintendencia de Bancos. Allí  se advierten irregularidades en la transferencia de las obligaciones de Parkenor.

Cantos afirmó que “el grupo Peñafiel (cuyo titular era Alejandro Peñafiel, ex dueño del Banco de Préstamos) está detrás de todo esto”, por asegurarse un “vuelto de $ 27 millones” y recordó que tanto la Fiscalía como el Juzgado que recibieron el caso en Guayaquil se inhibieron de tramitar la causa por ser competencia de la jurisdicción de Quito.

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También desconoció la autoridad de la Superintendencia y minimizó sus informes. Insistió en que solo responde ante la Contraloría.