A propósito de que hoy se recuerda con varios actos el Día Mundial de Combate a la Corrupción, el movimiento Participación Ciudadana dio a conocer que en Guayaquil no existe total transparencia en las instituciones públicas.

En un control realizado durante octubre pasado, los integrantes de esta organización determinaron que las entidades que prestan servicios públicos cumplen solo en parte la publicación en internet de la información a la que están obligados, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que rige desde mayo del 2004.

Según esta evaluación, la Universidad de Guayaquil ha colocado en las páginas web el 82% de la información que debe ser conocida por los ciudadanos; el Banco Central, el 73%; la concesionaria Interagua, el 70%; Petrocomercial, el 59%.

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La fundación Malecón 2000, el 47%; la Escuela Superior Politécnica del Litoral, el 40%; el Municipio de Guayaquil, el 35%; Pacifictel, el 29% y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 24%. La Función Judicial es la que menos información ha transparentado: el 11%.

El artículo 23 de la Ley de Transparencia indica que “los funcionarios que incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información pública serán sancionados de acuerdo con la gravedad de la falta”. Estas sanciones pueden ser de multas económicas, suspensión de sus funciones y destitución del cargo, en caso de que, a pesar de la multa o suspensión impuesta, se persistiere en la negativa de la entrega de la información.

Las autoridades a quienes corresponde sancionar –según la misma ley– son las mismas que nominaron a los funcionarios públicos. Y es responsabilidad del Defensor del Pueblo vigilar que se cumpla con lo estipulado en esta ley y la aplicación de las sanciones correspondientes.

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La Defensoría del Pueblo en Guayaquil no se ha pronunciado sobre este tema.