Viceministro de Economía no ve impacto fiscal al asumir déficit del sector eléctrico

Ecuador descartó el jueves que la ejecución presupuestaria del 2006 se vea afectada con el proyecto de ley que llevará al gobierno a asumir el millonario déficit tarifario de las distribuidoras de energía eléctrica, porque planea prorratear la carga.

El viceministro de Economía, Armando Rodas, dijo que el gobierno espera cubrir el diferencial entre el costo real y las tarifas controladas de electricidad con fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo para no afectar la programación presupuestaria del 2006.

"La operación no afectará la liquidez" presupuestaria del 2006, sostuvo. El objetivo de Ecuador es sofocar el déficit tarifario en el "mediano y largo plazo", aseguró.

El presidente Alfredo Palacio remitió al Congreso un proyecto de ley para que el fisco asuma y cancele al menos 800 millones de dólares que las 20 distribuidoras arrastran por ser obligadas a vender el kilovatio/hora por debajo de sus costos reales, por razones políticas.

La tarifa real del kilovatio/hora es 10,7 centavos de dólar, pero se lo comercializa en 8,7 centavos a nivel de usuario final. Palacio se comprometió a elevar la tarifa en abril, una vez que sea resuelto el tema del déficit tarifario.

El proyecto contempla que el Ministerio de Economía asuma el déficit que hayan registrado las distribuidoras -19 estatales y una privada, pero intervenida por el Estado- entre el 1 de abril de 1999 y el 31 de diciembre del 2005.

La iniciativa despertó temores entre inversores foráneos en el sentido que, si la ley fuera aprobada por los 100 diputados del país andino, el Ministerio de Economía debía realizar el pago en efectivo y con carga a las partidas del presupuesto del próximo año, que alcanzará los 8.564 millones de dólares.

Pero Rodas descartó esa posibilidad.

El Ministerio de Economía definirá los mecanismos de pago de esta deuda. Las opciones que se barajan van desde suscribir préstamos con organismos internacionales hasta entregar a las empresas bonos estatales de largo plazo.

Cualquier opción redundaría en un incremento de la deuda pública de Ecuador, que bordea los 14.000 millones de dólares, incluida la interna y externa, según datos del Banco Central.

El Congreso -donde Palacio no tiene ningún representante- tiene hasta el 22 de diciembre para pronunciarse respecto a la ley, que, de acuerdo con sondeos de Reuters, sería negada.

La estrategia consiste en que las empresas estatales reciban los recursos en la medida que mejoren sus sistemas administrativos y redes de distribución. Deberán financiar planes para mejorar su infraestructura, cancelar deudas por la compra de energía y crear un fondo que asegure pagos futuros a las generadoras y transmisoras.

El sector eléctrico de Ecuador enfrenta una aguda crisis por el manejo político de las tarifas y la falta de inversión en proyectos de generación, lo que ha vuelto al país dependiente de importaciones de países vecinos y lo ha obligado a instrumentar planes de ahorro para evitar racionamientos.