El presidente de la República, Alfredo Palacio, dio este miércoles los primeros pasos hacia la recomposición del gabinete de cara al año que le resta en el poder, minado por el hasta ahora fracaso de los planes para reformar la Constitución y las amenazas de juicio en el Congreso.

Durante una reunión a puerta cerrada, Palacio analizó las renuncias de los 14 ministros luego de que el Congreso bloqueara un nuevo intento de convocar a un plebiscito para una Asamblea Constituyente a espaldas de los diputados.

"El gabinete, en un acto de sensibilidad, puso los cargos a disposición del presidente para que él tenga la libertad de escoger con quien debe seguir el camino", sostuvo el asesor presidencial Maximiliano Donoso al término del encuentro.

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El funcionario descartó que la dimisión represente una fractura dentro del Ejecutivo, y apuntó que la misma se enmarca dentro de un "acto sano de sensibilidad".

Según insistentes rumores, Palacio habría ratificado al canciller, Francisco Carrión, y al ministro de Comercio Exterior, Jorge Illingworth, en tanto que evalúa la permanencia de sus demás colaboradores.

Palacio reorganizará el equipo con el que gobernará hasta enero del 2007 presionado por la derrota en los planes de reforma y bajo la mira del Congreso que impulsa sendos juicios en su contra.

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Por un lado un grupo de diputados derechistas amenazó con enjuiciarlo políticamente por alterar el orden institucional con fines "dictatoriales", y por el otro enfrenta un proceso penal por haber mentido en un caso de  falsificación de su firma.

El mandatario había asegurado ante los fiscales que su rúbrica había sido adulterada con el fin de tramitar cargos públicos, pero un informe pericial descartó que se tratara de una falsificación.

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"Palacio le mintió al país, cuando lo lógico era que hubiera reconocido que efectivamente ésa era su firma", indicó el diputado Guillermo Haro, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Según Haro, al formular una falsa denuncia Palacio obstruyó la actividad judicial y está obligado a responder en un juicio que podría costarle la destitución y enviarlo a la cárcel. "Creo que con el tiempo el presidente puede ser otro prófugo de la justicia", advirtió el dirigente de Izquierda Democrática (ID).

Mientras aguarda un pronunciamiento de la Fiscalía, Palacio se rearma para librar una nueva batalla en pro de cumplir con su promesa de "refundar el país" a través de una Asamblea Constituyente.

El gobierno había desistido el martes de promover un plebiscito con esos fines, pero luego cambió la decisión pese a que las posibilidades de éxito siguen siendo escasas por cuanto el Congreso se rehúsa firmemente a una asamblea que pueda revocarlo.

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"Se ha fracasado en este momento histórico, pero no puede ser posible que el gobierno renuncie a la consulta popular. Esta es y será (su objetivo)", indicó Toledo.

Palacio renovó sus planes aún dolido por la jugada del Congreso que, a través de la recomposición a última hora del Tribunal Supremo Electoral (TSE), impidió la convocatoria a una consulta prevista inicialmente para el 22 de enero.

Según su portavoz, en el empeño por sacar adelante dicha propuesta, el "gobierno se sentará el próximo año a conversar nuevamente con los partidos políticos y sociales".

Entretanto, el Congreso también empezó a mover sus fichas para contrarrestar la eventual embestida del mandatario, según dejó entrever el mayoritario Partido Social Cristiano (PSC, derecha).

La diputada Cinthya Viteri (PSC), vicepresidente del Congreso, anticipó que alentará nuevamente una propuesta para que el Congreso por su cuenta realice las reformas que demanda la ciudadanía.