Control a tercerizadoras

Informe revela que un solo representante legal  está al frente en más de una intermediaria.

Pese a que el control de la tercerización se iniciará en menos de un mes en todo el país, el Ministerio de Trabajo aún tiene dos problemas pendientes por resolver que se derivan del proceso de registro de tercerizadoras o empresas de intermediación laboral, que concluyó el pasado 31 de octubre.

El primero es que la Secretaría de Estado no cuenta con una base de datos unificada, pues al momento ha debido intercambiar información con el Servicio de Rentas Internas (SRI), complementar con la de la Subsecretaría de Guayaquil y las regionales provinciales; y esperar la información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sobre el cumplimiento de pagos patronales y de seguridad social por parte de los empleadores.

El segundo inconveniente es que aún no consolida una cifra definitiva de cuántas empresas de las actualmente registradas serán autorizadas para operar de forma legal durante el 2006.

Inicialmente se dijo que eran 920 (de un total de 4.625); hoy se habla de 836, aunque aquí no se contabilizan  las tercerizadoras registradas en las regionales.

Por ello, la tarea ha resultado complicada, reconoció ayer el ministro de Trabajo (e), José Serrano.

Otro reto para el Ministerio, además de conocer el número de empleados que rotan entre tercerizadoras (como lo constató este Diario), es determinar la vinculación entre tercerizadoras y usuarias, lo cual está prohibido por el reglamento de tercerización vigente desde octubre del 2004.

Hasta el momento, el Ministerio ha encontrado 1.200 tercerizadoras, cuyos representantes legales lo son en más de una y también ha determinado vinculaciones entre sí, aunque prefiere concluir la investigación para revelar sus nombres.

Un primer balance, según el informe preliminar del Ministerio, es el caso de cinco representantes legales (Diego Fernando Castro García, Nicolás José Dávalos Carrasco, David Rufino Erazo Flores de Valgaz, Juan Carlos Robalino  López y Alfredo Sánchez Ycaza) que están al frente de 18 tercerizadoras que han firmado 81 contratos con 32 empresas o usuarias, con lo que se comprueba la rotación de personal (354 empleados han sido cambiados entre tercerizadoras en los últimos cinco años).

La intención del Ministro, según explicó, es determinar si en este caso existe la figura de la vinculación entre tercerizadoras y usuarias, lo cual prohíbe la ley y la sanciona con su disolución.

Según Serrano, de un primer análisis se confirmó que varias tercerizadoras tienen la misma dirección domiciliaria que sus contratantes.

La cifra que maneja el Ministerio se altera con el cruce de información con el SRI, donde baja a 1.043 tercerizadoras con los mismos representantes legales en más de una  empresa.

Por ello, la secretaría de Estado insiste en el requerimiento de información a todas las tercerizadoras para comparar información y unificar una cifra, pues de las 834 a las que se han solicitado datos, solo 224 respondieron, confirmó el asesor del Ministro,  Pablo La Yedra.

Serrano reveló también que se conoce que existen grupos económicos que se dedican a contratar hasta un centenar de tercerizadoras y que en muy pocos casos cumplen con sus obligaciones y derechos laborales. Los nombres de los grupos, dijo, se darán a conocer a fin de mes.

TERCERIZADOS

Reunión
Con la suspensión el día de ayer de la reunión del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), por falta de quórum, el análisis de la tercerización se ha aplazado dos veces consecutivas. La próxima cita se realizará este viernes.

Campaña
El Ministerio iniciará una campaña de prevención para las usuarias con el fin de que estas conozcan que contratar tercerizadoras ilegales les podría provocar perjuicios como el asumir costos no establecidos.

Contratistas
Según el informe del Ministerio de Trabajo, las contratantes más frecuentes de tercerizadoras son: Unibanco, Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (Categ) y Pronaca.

Otras
También figuran Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A., Cervecería Andina, Sancela del Ecuador, Cable Unión, Amanco, Plastigama, Alpina Productos Alimenticios, Ecuaclavel y Rosa Prima.

Además
Petrocomercial, Servicio de Rentas Internas (SRI), Empresa Municipal de Agua Potable de Quito (EMAP-Q), Ilsa, Samir, Nabila, Cable Unión, Hidroman, Lamiformi, Eapam, Inlandes, Boensa y Lecocem.