Caída de la cúpula es otro capítulo en crisis institucional de FF.AA.

Según analistas, la participación de los militares en las destituciones de ex mandatarios, y su contribución en el gobierno de Gutiérrez agravó el desprestigio de la institución militar.

Cuando en 1995 las Fuerzas Armadas ecuatorianas se declararon triunfantes de la guerra del Cenepa, lejos estaba la posibilidad de que durante los diez años siguientes, su prestigio institucional, ganado en el campo de batalla, iba a verse afectado no solo por cuestiones de orden político, sino también de orden moral y ético.

El escándalo surgido en torno a la participación de miles de efectivos militares en el sistema ilegal de captación de depósitos que manejaba el notario José Cabrera, es solo la última página de una serie de hechos que han minado la imagen de las FF.AA., que en una década han perdido a decenas de altos oficiales en cuya preparación académica y militar el Estado invirtió.

Compra de armas
Aún no terminaba el conflicto armado de 1995, cuando en marzo de ese año, las FF.AA. tuvieron que enfrentar un escándalo por un presunto caso de corrupción en la compra de armamento chatarra a Argentina. El ministro de Defensa de ese entonces, José Gallardo, fue uno de los acusados, aunque él se ha defendido férreamente.

Diez años más tarde, el mismo Gallardo y más específicamente su esposa aparece en la lista de ‘depositantes’ del notario Cabrera, a su vez pariente de ambos. Más paradójico aún, si se toma en cuenta que fue el general quien, en 1999, ordenaba el apresamiento del ex propietario del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, por haber dispuesto de los recursos de los miles de clientes que entregaron su dinero a esa institución.

Seguro de aviones
Precisamente el dinero ha sido para las FF.AA., como para otras instituciones del país, una amenaza. Una de las muestras de aquello se evidenció en noviembre de 2001, fecha en la que el agregado naval en Londres, Rogelio Viteri, denunció, en una carta confidencial, al entonces embajador Sixto Durán-Ballén, las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de un seguro para la flota de aviones de las Fuerzas Armadas, por alrededor de $14,5 millones. El contrato, según la denuncia tenía un sobreprecio de $4 millones.

Édgar Guerra, representante de la Armada; Marcelo Moscoso, delegado de la FAE, y Roberto Moya, jefe de la Comisión Especial en Londres y representante del Ejército, fueron señalados como responsables y aunque nunca se logró comprobar el sobreprecio, la investigación especial reveló que esos oficiales viabilizaron la adjudicación del contrato de reaseguros a la empresa Heath Lambert, la que canceló las cuentas de los tres oficiales y de sus respectivas esposas mientras todos cumplían en Londres (y ellas en París), la negociación respectiva.

La Corte Militar (CM) inició el juicio penal correspondiente en contra de los implicados y en ese proceso Moscoso aseguró haber actuado bajo órdenes del Comando Conjunto.

El denunciante Viteri fue removido de su cargo, incomunicado, arrestado y finalmente separado de las FF.AA. Los presuntos responsables, tras serios cuestionamientos, fueron removidos de sus cargos.

FARC y polvorines
Otro punto de quiebre han sido las denuncias de robo de armamento militar.  Incluso el presidente colombiano Álvaro Uribe acusó al ejército ecuatoriano de ser proveedor de armas y municiones para  grupos guerrilleros de su país.

La sustracción de material bélico de los arsenales de FF.AA. son varios, como varios los miembros, principalmente de tropa, que han sido sometidos a Consejos Disciplinarios, encarcelados y dados de baja por este motivo. Incluso en el Gobierno de Lucio Gutiérrez, se creó una comisión especial para investigar el robo de armamento desde julio de 2000.

El manejo y posesión de armamento también ha generado problemas para FF.AA.

Así, en julio de 1997, una explosión de la bodega de material bélico de la brigada Marco Aurelio Subía del cuartel La Balbina, ubicado en el Valle de los Chillos (Quito) dejó cinco muertos, varios heridos y decenas de casas afectadas.

Un hecho similar ocurrió el 20 de noviembre de 2002, cuando explotó una granada en la bodega de material bélico de la brigada blindada Galápagos (BAL11), ubicada en el centro de Riobamba. Esto provocó la destrucción del barrio San Antonio, la muerte de 10 personas y 300 heridos.

A estos dos hechos se sumaron en marzo de 2003, un incendio en la bodega de material bélico de las Fuerzas Armadas en la Base Naval Sur de Guayaquil, (29 personas heridas, diez casas destruidas) y en ese mismo mes, una explosión de varias granadas en el sector de La Concordia en la isla Puná (cinco muertos y dos heridos). Todos estos hechos, a su momento y por la fuerte presión de la opinión pública, provocaron la salida de las autoridades militares.

Destituciones presidenciales
Quizá la arista que más ha deteriorado la imagen de FF.AA. es la política. En resumen, la intervención de sus mandos altos y medios en las crisis que han enfrentado al Ejecutivo con el resto de los poderes del Estado.

En febrero de 1997, el Alto Mando Militar de ese entonces, liderado por el hoy alcalde Paco Moncayo, y tras varios días de protestas ciudadanas por el alto índice de corrupción del Gobierno de turno, pidió la renuncia del presidente Abdalá Bucaram.

Tres años más tarde, el coronel Lucio Gutiérrez repetía la historia, pero esta vez con el respaldo de decenas de oficiales y subalternos que unidos al movimiento indígena (Conaie) propiciaron la toma del Congreso y luego del Palacio de Carondelet para tumbar al entonces presidente Jamil Mahuad.

Gutiérrez y sus compañeros se adueñaron momentáneamente del poder, pero se declararon traicionados por el Alto Mando Militar,  integrado entre otros por el general Carlos Mendoza y Telmo Sandoval, decidieron que se dé una sucesión presidencial, por lo que Gustavo Noboa asumió la Primera Magistratura la madrugada del 22 de enero, en las instalaciones del Ministerio de Defensa. Meses más tarde, Noboa envió un proyecto de amnistía para quienes habían participado en el golpe del 21 de enero.

Gobierno de Gutiérrez
Y es que en esta crisis todo se sucede, y los acusadores pasan luego a ser acusados. Lucio Gutiérrez no es la excepción. Fue en su gobierno, con una alta participación de militares activos y pasivos en puestos públicos, que se produjeron algunos escándalos en torno a la institución militar. Entre ellos se cuentan el contrato de seguros de Pacifictel, por el que el capitán Mauricio Galindo aún está enjuiciado y el viaje del ministro de Defensa, Nelson Herrera, y otros jefes militares a Galápagos con sus familias, durante un feriado,  con todos los gastos pagados por el Estado.

Cuando se rompió el orden constitucional en diciembre de 2004, y se disolvió la Corte Suprema de Justicia, las FF.AA. siguieron apoyando a Gutiérrez, pero el idilio terminó el 20 de abril de 2005, cuando en medio de las manifestaciones ciudadanas en contra del régimen y la decisión del Congreso de destituirlo, a pesar de no contar con los votos suficientes, la rueda de prensa del Alto Mando Militar, anunciando que le retiraban su respaldo al coronel, fue determinante para que su gobierno termine.

Desde entonces se repiten los anuncios de modernización de la institución y se presentó un proyecto de ley, pero como lo demuestra el caso Cabrera, la desinstitucionalización de las FF.AA. no se resolverá  con la aprobación de un texto legal, pues los cuestionamientos al secretismo militar de la investigación crecen.