Las irregularidades en la entrega de dinero al notario de Machala fueron un agregado al juicio político del ahora ex superintendente de Bancos, Alejandro Maldonado. Lo que realmente le causó la  destitución (la noche del miércoles pasado) fue que permitiera que  Filanbanco reconociera un pago de 38,4 millones de dólares al banco de Los Andes.

Sesenta legisladores lo sacaron del cargo que ejerció por dos años y ocho meses, pues consideraron que no hizo un verdadero control.

El acuerdo de Filanbanco con Los Andes lo firmó –el 15 de junio pasado–  el entonces liquidador Xavier Izurieta (por lo que se le dictó orden de prisión preventiva que luego se la suspendió). La Junta de Acreedores del banco y la Procuraduría del Estado se opusieron. La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) y el Ministerio de Economía denunciaron el caso ante la Fiscalía.

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Maldonado alegó entonces que no conocía de la firma del acuerdo, y después de cuarenta días de la suscripción del convenio y luego que el caso se hiciera público, pidió que se suspendiera el pago a Los Andes.

Pero, la decisión llegó tarde y 900 mil dólares en papeles (acreencias no depositarias con que Filanbanco pagó a Los Andes) se utilizaron para cancelar la deuda de una tercera empresa. Otras dos  compañías compraron acreencias por 10,5 millones de dólares para hacer lo mismo; pero hasta eso Filanbanco se negó a recibirlas.

Esa decisión de no aceptar los papeles de Los Andes la mantiene el actual liquidador Eduardo Oviedo.

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El diputado Carlos González, de la Izquierda Democrática (ID),  le planteó el juicio político a Maldonado en agosto, por negligencia.

El ex superintendente no asistió a la interpelación, pero el viernes pasado envió al presidente del Congreso, Wilfrido Lucero (ID), una carta en la que pedía que se declare concluido el juicio, argumentando que  había vencido el plazo para pedir su censura.