Opositores de la pena de muerte alrededor del mundo criticaron el viernes a Estados Unidos después de que el condenado por asesinato Kenneth Lee Boyd se convirtió en el prisionero número 1.000 en ser ejecutado en ese país desde el restablecimiento de la pena capital, en 1976.

"Este es un pequeño pasó atrás para la humanidad", dijo el veterano activista estadounidense Clive Stafford Smith a Reuters desde Londres. "La pena de muerte nos convierte a todos en mucho más bárbaros. He visto morir a muchas personas y cuando sales de ver una ejecución, ciertamente no estás en un mundo mejor", añadió.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, Maina Kiai, dijo que era "una gran pena que Estados Unidos continúe ejecutando personas" cuando gran parte del mundo desarrollado se está movilizando para poner fin a la pena de muerte.

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"A su vez, el hecho de que en Estados Unidos la mayoría de las sentencias a muerte que se llevan a cabo afectan invariablemente a gente pobre y de color, es un tema de gran preocupación", señaló Kiai.

En Singapur, donde un narcotraficante australiano de 25 años fue colgado solo horas antes de la ejecución de Boyd, Sinapan Samydorai, presidente del centro Pensar, dijo que no hay justicia sin vida.

"Se supone que Estados Unidos es un campeón de los derechos humanos y la democracia, pero no reconoce el derecho a la vida", agregó.

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Singapur aplica obligatoriamente la pena de muerte en crímenes como asesinato, delitos con armas de fuego, y tráfico de drogas y ha colgado a cerca de 420 personas desde 1991, en su mayoría por narcotráfico.

"Es un escándalo que la pena de muerte todavía exista en un país civilizado como Estados Unidos", dijo Petra Herrmann, presidenta del grupo alemán Alive e.V.
"(...)  Cómo puede un ciudadano darse cuenta de que el asesinato está mal si al Estado se le permite asesinar a sus propios ciudadanos?", agregó.

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El doctor Hans Joachim Meyer, presidente del comité central de la Asociación de Católicos Alemanes, dijo: "Estamos completamente en contra de la pena de muerte. No hay razón para que exista en una sociedad basada en los derechos humanos".