Carlos Jijón publicó el 14 de julio en diario Hoy, un análisis de mi artículo titulado ‘La lógica del absurdo’, en el cual dije que una parte de la sociedad civil guardó silencio cuando el coronel Gutiérrez destituyó a la Corte Suprema, y que ese silencio la convirtió en cómplice del caos. Esperé a propósito y con paciencia casi cinco meses para refutar dicho análisis, porque creo que los hechos hablan más que las palabras. Y aquí los hechos:

En primer lugar, el eje del comentado artículo fue la supremacía de la constitucionalidad de los actos públicos. Pues, así como tenemos derecho a opinar distinto, cuando se maneja la cosa pública tenemos la obligación ciudadana de exigir que esos actos estén ceñidos a la Constitución; de lo contrario, tal como titula el comentado artículo, se desencadena una serie de hechos lógicos pero absurdos. Como muestra: un proceso de designación con varios aspectos inconstitucionales que permiten la extinción de la nueva Corte por muerte súbita.

En segundo lugar, el señor Jijón alega que cierto grupo “constitucionalista” pretendía vender como única salida el regreso de la Corte anterior, pues dice: “Hasta se sugiere que regrese la Corte anterior. Como políticamente aquello es impresentable, arguyen que gracias al límite de edad, los magistrados sobrevivientes deberían aplicar la cooptación y elegir los magistrados nuevos…
dizque presionados por la opinión pública, se verían obligados a renunciar, y sus reemplazos elegidos por cooptación... ¡Qué ilusos son!”.

Vamos por partes. Uno. La presión de la opinión pública: ¿Acaso no ha sido demostrado el poder de esa “pública opinión”? ¿O por qué razón postulantes a ejercer la magistratura renunciaron? ¿Y el Presidente de la Corte de Machala, no renunció por la misma razón? Dos. El límite de edad: ¿acaso no fue la veeduría y los medios de comunicación que publicaron datos personales de los aspirantes y por ello descalificaron a algunos que pretendían rebajarse los años? Tres. La cooptación: habiéndose organizado la sociedad civil como lo ha demostrado ahora, era factible y jurídicamente posible vigilar a la Corte anterior y que salga una nueva, con gente que concurse pública y transparentemente.

Por mucha buena fe que tuvo el Comité no fue capaz de llegar a un acuerdo y vencido el plazo de dos días contados a partir de la reconsideración de las recalificaciones, entrarán los mejores calificados “por mandato del reglamento” pero sin consenso. ¿Quién les dará el nombramiento? ¿Y a qué sala irá cada uno?

Se ha demostrado, entonces, lo complejo y difícil que es acordar frente al poder de la justicia. En el poder de convocatoria que tiene la justicia sea en lo que sí estamos de acuerdo, señor Jijón, por ello, era preciso echar andar un proceso que tenga soporte en la Constitución, pues si los “silenciosos” demostraron sus fuerza muda permitiendo que sucedan cosas, estoy segura que junto a los “fatalistas-constitucionalistas” hubiera sido posible acordar una ruta que nos dé una Corte con partida de nacimiento legítima que ninguna Consulta ni Asamblea la haga temblar, pues por muy ideal que fuera esta nueva Corte, con un soplo genuino de juridicidad puede caerse nuevamente.