Legitimarse luego de polémicas, el reto de naciente Corte Suprema

La conformación de un comité calificador no está contemplada en la Carta Política, pero fue la salida que se encontró en el país para no seguir sin Corte, aunque ello no la hace legítima, según analistas.

Al menos 400 altas autoridades del país volverán a tener un juez natural con la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero ese organismo renace con una gran debilidad: el fantasma de haber sido integrada inconstitucionalmente.

Aunque la conformación de la CSJ ha tomado hasta ahora cinco meses, pues se inició con  la instalación de un comité calificador, completo, el 27 de junio pasado, y el ente promete posesionar al organismo el 30 de noviembre, constitucionalistas como Vicente Burneo Burneo, Gil Barragán Romero, Jacinto Velázquez y Antonio Arzube, coinciden en que el proceso no está contemplado en la Constitución.

Sin embargo, ellos consideran que debe legitimarse para que el país, que no tiene CSJ desde el 17 de abril pasado, vuelva a contar con este poder, parte indispensable en un Estado democrático.

Es que con la falta de la CSJ el Presidente de la República, los quince ministros de Estado, los 100 diputados principales y 100 suplentes, los vocales de los tribunales del país y otros funcionarios que gozan de fuero de Corte llevan siete meses sin juez natural.

Según la Ley Orgánica de la Función Judicial, corresponde a la CSJ “conocer, en primera y segunda instancia, toda causa penal que se promueva contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, los ministros de la Corte Suprema, los ministros de Estado, los legisladores principales y suplentes cuando estuvieron subrogando a aquellos, los vocales de la Comisión de Legislación, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, los ministros de los tribunales Fiscal y de lo Contencioso Administrativo, el Procurador, el Contralor, Superintendente de Bancos, de Compañías, Presidente de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica, Presidente de la Junta Nacional de la Vivienda y los ministros de las cortes superiores, en los casos y requisitos señalados por la Constitución y las leyes”.

De tal manera que la impunidad reina en esas esferas del país, y aunque se pueden denunciar actos ilícitos ante la Fiscalía, sin jueces naturales cualquier proceso debe esperar a que se conforme la Suprema.

Pero no solo eso. También está pendiente la designación de la Fiscal General del Estado. Estará en manos de la CSJ el integrar un nuevo Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), ente que luego debe remitir al Parlamento la terna para designar al Ministro Fiscal, que cumplió su periodo el 12 de febrero pasado.

Los miembros del actual CNJ afirman que fueron legítimamente elegidos y que se mantendrán en sus cargos. Ellos enviaron una terna el 9 de febrero pasado, pero esta fue negada y devuelta por los diputados el 23 de marzo. El presidente de la República de entonces, Lucio Gutiérrez, demandó la inconstitucionalidad del acto, luego uno de los miembros de la terna para fiscal renunció a la candidatura y no se ha vuelto a enviar otra.

El Tribunal Constitucional (TC) es otro organismo que depende de la CSJ para su total conformación. Los jueces deben remitir al Parlamento las ternas para que se seleccione a dos vocales del TC, según el artículo  275 de la Constitución.

Con esos antecedentes y siendo indispensable la legitimidad de la CSJ, este Diario consultó a expertos cómo dársela. Las propuestas van desde una consulta popular hasta una nueva reforma a la Constitución (ver recuadros).

SUGERENCIAS

Para Zavala nada es infalible

El catedrático Xavier Zavala Egas considera que el único que puede dar legitimidad a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) elegida por el Comité Calificador es el pueblo  a través de un referendo.

No obstante, considera que siendo esta consulta políticamente imprudente y ante el riesgo de que la ciudadanía rechace la nueva Corte Suprema, solo resta que su legitimidad, esto es, el respeto y aceptación popular, surja  por el aval y seguridad académica de los integrantes de la nueva Corte y la transparencia del proceso de designación.

Sin embargo, advierte que, a su criterio, ambos elementos no han llegado al nivel deseado y “mucho temo que la fragilidad institucional de la nueva Corte es un hecho”.

Agrega que el que ocurran en el futuro ilegales reorganizaciones de la CSJ solo depende de la cultura de respeto institucional que los partidos políticos, el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas tengan, pero no hay un sistema infalible o  inmune frente a los abusos de poder.

Añade que no se puede pensar en una veeduría internacional en esto, por respeto a nuestra soberanía.

Burneo propone transitoria

El ex presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, Vicente Burneo Burneo, piensa que para legitimar la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) no es necesario que el país invierta cerca de 13 millones de dólares en un referéndum sobre el tema, de acuerdo con los cálculos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La llave la tiene el propio Congreso, advierte el ex funcionario.

“Ahora que el Parlamento pretende suprimir el candado constitucional –reduciendo de un año a un mes el periodo que debe transcurrir entre el primero y segundo debate para una reforma constitucional–  debe  tramitarse una transitoria que diga que cuando por cualquier causa no hay miembros de la Corte Suprema en número suficiente para ejercer el mérito de cooptación, se procederá de la manera señalada en la Ley”, sugiere.

Con ello, dice, nadie podrá decir a futuro que el mecanismo que eligió a la CSJ es inconstitucional. El proceso de selección se considera fuera de la Constitución porque en esta se anota que los magistrados se elegirán por cooptación, pero el Comité que nombró a la CSJ nació de una reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial.

Barragán piensa en sociedad

Aunque coincide con Vicente Burneo Burneo en el sentido de que el Congreso podría legitimar en la Constitución la nueva Corte Suprema de Justicia, el ex presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, Gil Barragán Romero señala que “tampoco es lo mejor que puede desearse por el descrédito del Legislativo”.

Afirma que el procedimiento de selección de la CSJ no es constitucional, pero era inevitable.

Reconoce pequeñas fallas en la ley y reglamento de selección de los magistrados, pero que no había otro camino, más allá de que considera que saldrá una corte aceptable “y en el futuro mediante la cooptación que se ha previsto quizá sea posible expurgar al organismo de elementos que no demuestren la calidad suficiente”.

Agrega que como nunca hay conformidad total, en el futuro habrá quienes afirmen que es inconstitucional y quieran cambiarla, pero “ojalá entonces, especialmente si se considera el procedimiento normal de la nueva CSJ, aparezcan los elementos de la sociedad civil a defender a la institución, porque es necesario. El fortalecimiento de ella depende del aporte que hará la ciudadanía”, recalca.

Velázquez habla de voluntad

A criterio del ex candidato presidencial Jacinto Velázquez, la debilidad con la que nace la nueva Corte Suprema de Justicia conlleva a que haya la necesidad de un pronunciamiento popular que ratifique el procedimiento de selección de esta función del Estado.

Recalca que la convalidación de la CSJ puede provenir únicamente de un pronunciamiento popular; “de lo contrario siempre viviría la Corte con una espada encima”, dice al referirse al riesgo de que so pretexto de que se la conformó inconstitucionalmente, en el futuro los políticos quieran otra vez interferir y colocar jueces.

Más allá de ello, aclara, por encima de cualquier norma lo que se impone es la voluntad de cumplirla. En ese marco recuerda que en 1997 el Parlamento tomó la decisión de por esa única vez nombrar la CSJ, “teniendo el cinismo de decir  que lo hacía para complacer al pueblo, que acababa de pronunciarse negando la intervención política en la justicia”.

Aunque afirma que la de 1997 fue una de las mejores cortes que ha tenido el país, recalca que se debió cumplir con la voluntad de pueblo.