Analistas sostienen que los   subsidios y  las presiones sobre el gasto impiden manejar una política fiscal sana.

Que el reparto del Congreso es político, que el Ministerio de Economía incumple sus propias normas, que nadie está conforme con lo que le toca, que los subsidios se diluyen, que el gasto público es enorme, que el gasto social es insuficiente, que el servicio de la deuda es exagerado... En los últimos años, la queja sobre el presupuesto ha sido la misma.

Y la solución, también: postergar los problemas para el siguiente año. La ministra de Economía, Magdalena Barreiro, coincide con varios analistas en que el modelo presupuestario se agotó, especialmente, frente al peso de los subsidios, de las preasignaciones y de las constantes presiones de gasto.

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Según el ex ministro de Economía, Mauricio Pozo, en la pro forma del 2006 apenas existe el  4% (unos $ 343 millones) para que el Gobierno pueda mover de un sector a otro, frente al 96% ($ 8.221 millones) que está asignado de antemano, a través de leyes o decretos.

Barreiro admite sentirse con las manos atadas frente a esa realidad. Solo en el 2005 adquirió compromisos extrapresupuestarios por $ 650 millones. Pero la misma situación pasaron sus antecesores, los “Mauricios” Pozo y Yépez, quienes admitieron, mientras desempeñaron sus cargos, que la rigidez de sus presupuestos –del 2004 y del 2005, respectivamente– impidieron una política fiscal sana.

Los informes del Banco Central demuestran que al menos ocho de cada diez dólares ya tenían un destino fijo. Ambos años arrojaron atrasos (deudas) por unos $ 300 millones, que debieron ser asumidos en los siguientes periodos. Lo mismo sucederá este año, que terminará con un resultado similar, según el subsecretario de Política Económica, Fausto Herrera.

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En las últimas cuatro pro formas (2003, 2004, 2005 y 2006), los subsidios se han llevado $ 5.932 millones; las preasignaciones, $ 5.824 millones; y otras transferencias “menores”, $ 1.028 millones, según  los registros del Ministerio de Economía.

Bajo esas condiciones, el financiamiento ha estado en duda. Desde el 2003, los organismos multilaterales no han desembolsado los montos acordados –sobre todo por la ausencia de reformas estructurales– y el faltante se ha cubierto con el excedente petrolero.

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Los déficits presupuestarios se han mantenido en los mismos niveles, pese a que el precio del crudo ha pasado de $ 18, en el presupuesto del 2004, a 35 dólares, en el 2006.

Gustavo Arteta, director académico de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), advierte que los problemas coyunturales (presiones de sectores) y estructurales (preasignaciones y subsidios) impiden certezas sobre el manejo de las cuentas del Gobierno. Una de sus preocupaciones en el 2006 es “el riesgo de que el mayor gasto (que esta vez también se financia con el dinero del ex Feirep) sea una farra electoral”.

Los analistas concluyen lo mismo: el país no ha aprendido las lecciones del pasado.