Los consensos siguen lejanos en proceso de la nueva Corte

Hace siete meses y diez días que el Ecuador carece de Corte Suprema de Justicia (CSJ), cabeza de la Función Judicial. A continuación, un repaso al cuestionado proceso de selección de los nuevos magistrados.

Carlos Estarellas Merino, representante de las facultades de Derecho ante el Comité de Selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contestó el teléfono de su oficina, en el noveno piso del edificio Pradera Park de Quito.

- “Doctor Estarellas, le llamo de parte de la Asociación de Abogados y Doctores de Pichincha. Sabemos que es una persona muy honesta y, por el respeto que le tenemos, quiero advertirle que tenga cuidado, porque puede sufrir un accidente... usted tiene nietos.

- ¿Con quién hablo?

- Con Macario Briones.

- No se preocupe, señor Briones. Yo voy a aplicar la ley cuésteme lo que me cueste, le dijo al supuesto representante de ese gremio inexistente que adoptó la identidad del famoso bandolero que causó terror en Manabí durante la década de los ochenta, hasta morir.

El jurista dice haber recibido esa llamada a mediados de junio pasado. El Comité, creado por la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial (publicada en el Registro Oficial el 26 de mayo del 2005), todavía no terminaba de integrarse porque los colegios de abogados del país no lograban ponerse de acuerdo para designar a su delegado.

Estarellas, junto a los otros dos comisionados elegidos, Rosendo López (de los organismos de derechos humanos) y Bolívar Torres (de las cortes superiores de Justicia), resolvieron convocar a la sociedad civil para que nomine al cuarto miembro. La escogida fue la notaria guayaquileña Ketty Romoleroux, representante de la Coordinadora Política de Mujeres del Guayas.

Quizás aquel primer tropiezo fue un presagio de los conflictos que experimentaría el proceso de selección de los jueces a lo largo de los seis meses de trabajo de la Comisión. Una Comisión que vio la luz signada por las dudas sobre su constitucionalidad: la Carta Magna establece la cooptación (elección interna) para la integración de la CSJ.

Como primera actividad, los comisionados elaboraron el reglamento que regiría las etapas de inscripción, calificación y designación de los 31 jueces y 21 conjueces.

Las reformas a la Ley de la Función Judicial señalaban que los primeros 10 aspirantes con mejor puntaje entrarían automáticamente a integrar el tribunal y los restantes 21, además de los 21 conjueces, se designarían mediante sorteo de entre los 42 que siguieran.

Tres de los cuatro comisionados votaron a favor de elegir a los magistrados alternadamente de entre profesionales que hayan ejercido la judicatura, la docencia universitaria o permanecido en el libre ejercicio profesional. Ello implicaba 11 cupos para el primer grupo y diez para los dos restantes.

El Comité entregó el reglamento a la medianoche del último de los cinco días que la Ley les había otorgado como plazo. Las inscripciones empezaron el 12 de julio pasado.

Durante esa etapa, la veeduría internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una de las ocho que vigiló el proceso, exigió al Comité aceptar la participación de juristas que hubiesen defendido a narcotraficantes o que hubiesen litigado contra el Estado, prohibiciones contempladas en la Ley.

En el primer caso, Estarellas se opuso, mientras que el resto de los comisionados votó a favor. En el segundo, todos los miembros del organismo se pronunciaron a favor.

La resolución, sin embargo, se produjo fuera del plazo de registro de candidatos (16 de agosto). Y el Comité se negó a reabrir las inscripciones, “lo cual impidió que participaran más juristas”, señala Eduardo Carmigniani, uno de los abogados que más ha cuestionado el proceso y que era partidario de que se lo reabriera.

El Comité recibió más de 300 carpetas de aspirantes a magistrados que debían ser depuradas por una auditora internacional. La contratación de una compañía de ese nivel, sin embargo, se atrasó casi un mes, inicialmente porque hubo una denuncia contra la auditora BDO Stern, que estuvo a punto de ser  elegida. No se firmó el contrato.
Después el Consejo Nacional de la Judicatura  aducía falta de recursos para costear ese contrato.

Superado ese obstáculo, las auditoras efectuaron la revisión de los requisitos formales. Quedaron 181 aspirantes.

Con la publicación de la nómina, 185 candidatos, el 13 de agosto comenzó la etapa de impugnaciones. El Comité recibió 86. Después de su calificación y de las tensas audiencias públicas, quedaron fuera 17 aspirantes, entre ellos cinco conjueces de la denominada “Pichi Corte”, elegida por una mayoría legislativa afín al ex mandatario, coronel Lucio Gutiérrez, el 8 de diciembre del 2004, y cesada por el Congreso el 17 de abril pasado.

A la siguiente fase de la selección pasaron 164 postulantes. A inicios de este mes, las auditoras y los comisionados, por separado, efectuaron la calificación de sus méritos a base de puntajes establecidos en el reglamento. Luego aplicaron un test de idoneidad.

Iván Castro Patiño, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Guayaquil, cree que las 480 preguntas no fueron las más acertadas para la naturaleza del cargo. Algunos ejemplos: “¿Le gustan los animales?”. “¿Cree usted que las mujeres no deben trabajar sino quedarse en casa?”. “¿Cuántas veces va al baño por las mañanas?”. “¿Usted se masturba?”.

Mientras el Comité efectuaba las calificaciones, los grupos de defensa de los derechos de las mujeres se tomaron el edificio de la Comisión para exigir una definición respecto a su cuota de participación.

El presidente del organismo propuso subirles tres puntos a todas por el simple hecho de ser mujeres, lo cual fue rechazado por las manifestantes y los otros tres comisionados.
Finalmente, Estarellas votó a favor de darles el 20% (es decir, seis magistradas).

El 11 de noviembre, los comisionados entregaron los puntajes de los 164 candidatos; 120 de ellos presentaron solicitudes de recalificación.

Al mismo tiempo, la organización Alianza Democrática Nacional (ADN) interpuso amparos constitucionales contra el proceso, que fueron aceptados por el juez 10º de lo Civil de Pichincha, Carlos Mosquera, aunque la Ley reformada especifica que “las acciones del cuerpo colegiado no serán susceptibles de acción de amparo constitucional, demanda ni acción judicial de ningún tipo”.

Los comisionados acusaron al presidente de la Federación Nacional de Judiciales (Fenaje), Luis Muñoz, de intentar bloquear su trabajo. Estarellas advirtió entonces que la posesión de los magistrados se realizaría, de cualquier modo, el próximo 30 de noviembre.

Las nuevas notas, que se publicaron el martes pasado, determinaron cambios en el orden de los diez primeros.

En tanto, Nicolás Castro Patiño, que estuvo entre ellos, renunció al conocerse que había realizado inversiones ilegales con el fallecido notario de Machala, José Cabrera Román.

Al día siguiente, el Comité se instaló en sesión permanente para definir el mecanismo de selección de los restantes 21 jueces y 21 conjueces (los diez mejor calificados entraron directo por su alto puntaje). Inicialmente, había consenso respecto a que fuesen seleccionados los de mayor calificación tomando en cuenta el origen de los candidatos: judicial, docencia o libre ejercicio.

Las discrepancias surgieron cuando, al revisar el listado preliminar, los comisionados notaron que no se llenaban las cuotas respectivas (incluyendo las seis de género).
Estarellas mantenía la tesis que esgrimió desde que el Comité redactó el reglamento: designar a los mejor puntuados; por su intransigencia, la veedora de la ONU, Sonia Picado, lo acusó de “dictador”.

El tenso debate continuó hasta el mediodía del viernes pasado. Sin acuerdos, los magistrados resolvieron reinstalar su reunión mañana, después de siete meses y diez días que Ecuador está sin Corte Suprema de Justicia.

Para ser magistrado se necesitan requisitos especiales. No todo doctor en leyes puede serlo, así como no toda mujer puede ser madre. La igualdad ante la Ley es la igualdad de condiciones.

Carlos Estarellas Merino,
presidente del Comité

El Comité está integrado por gente de alto prestigio, eso es un sello de garantía de que habrá separación de poderes y democracia, sin la cual es difícil que los estados puedan sobrevivir.

José Miguel Insulza,
secretario general de la OEA

La CSJ estará integrada por gente que les interesa vender la idea de que Ecuador es un país corrupto, lo que les servirá para ganar dinero, mientras la Función Judicial se mantiene postrada

Germánico Maya,
vocal del CNJ

Desisto de continuar en el proceso para nominar a la nueva Corte Suprema de Justicia, dejando expresa constancia de que no he incurrido en la comisión de ningún acto amoral, inmoral o antisocial.

Nicolás Castro Patiño,
ex candidato a magistrado.