Pensábamos que lo que se quería era conseguir a los mejores de los que se presentaron, sin que importe su procedencia laboral, regional, étnica o de género.

En la mayoría de las universidades, se exige a los estudiantes que para aprobar una materia obtengan en las pruebas de evaluación por lo menos el 70 por ciento del total de la nota prevista, es el famoso 7 sobre 10, y se usa la expresión “pasar raspando” cuando alguien obtuvo exactamente el siete, pues se considera que aprobó “con las completas”. Para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, nos conformamos con mucho menos, algunos de los aprobados ni siquiera “pasan raspando”.

Peor aún, se discuten cupos, y allí sí que los ciudadanos nos perdemos, porque pensábamos que lo que se quería era conseguir a los mejores de los que se presentaron, sin que importe su procedencia laboral, regional, étnica o de género.

Por supuesto que entendemos y estamos de acuerdo con lo que se llama la discriminación positiva, esto es, que se dé cierta preferencia a aquellos que siempre han sido tradicionalmente marginados, pero siempre que reúnan las condiciones básicas que se exigen y que se haya decidido antes los parámetros a partir de los cuales se concederá esa preferencia.

Si debemos encargar a un ingeniero el cálculo de un edificio de 30 pisos y decidimos elegirlo por concurso de méritos, ¿le entregaríamos el trabajo a quien no obtuvo ni la mitad de la calificación prevista porque es del barrio, o es joven, o es anciano; es decir, lo calificaríamos a partir de criterios no pertinentes?

Si tuviéramos que elegir un médico para una operación de alto riesgo, ¿haríamos un sorteo entre los mejores y los menos buenos para ver a quien le confiamos al paciente porque debemos darle oportunidad a los de otras ciudades, o a los de tal o cual ideología; es decir, nuevamente, incorporando criterios no pertinentes?

Entonces, ¿por qué para nombrar a los ministros de la Corte Suprema deben tomarse en cuenta criterios que no se relacionan con la naturaleza de la función que se les pedirá desempeñar y no se nombra simplemente a los que obtuvieron la mayor puntuación dentro de las categorías fijadas en la ley?

Se dirá que en el caso del edificio el error del ingeniero calculista podría determinar el derrumbe del edificio y que en el caso del médico se pondría en riego la salud de la persona, pero en el caso de la Corte Suprema, ¿no estamos poniendo en riesgo la construcción de la salud social?

Arduo y difícil ha sido el trabajo del Comité de Calificación, que cuando escribo estas líneas aún no ha terminado. Ojalá que el resultado final corresponda al esfuerzo.