El secretario de Estado asegura que se sancionará a los militares involucrados en el saqueo a la notaría, pero advierte que el hecho traerá repercusiones económicas.

Las Fuerzas Armadas temen que la situación económica en la que quedaron los militares que participaron del sistema ilegal de captación de depósitos del fallecido notario José Cabrera pueda generar desestabilización o vulnerabilidad en la institución.

Así lo admitió ayer el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien a nombre de las FF.AA. ofreció disculpas a la ciudadanía ecuatoriana por “la conducta impropia” en la que incurrieron los efectivos militares que confiaron su dinero a Cabrera y que luego participaron del saqueo a las oficinas del extinto notario.

Al tiempo de anunciar las sanciones disciplinarias y administrativas que se han aplicado hasta el momento, el funcionario habló de las repercusiones de orden social que este caso traerá para las familias de los militares que invirtieron sus recursos por fuera del sistema bancario legal y también de las consecuencias para la propia institución.

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Para él, la incertidumbre que ha dejado el cierre del sistema que manejaba Cabrera, podría “generar ambientes de vulnerabilidad o de tendencia a otros actos de indisciplina”. De ahí que dijo que las autoridades militares quieren evitar que esto ocurra y por ello plantean medidas como la homologación de sus sueldos y salarios al mismo nivel del sector público, así como la aplicación del Plan de fortalecimiento de los valores profesionales de las FF.AA.

El pedido de homologación implica un incremento salarial no cuantificado, pero será presentado directamente al Presidente de la República y a organismos como el Consejo Nacional de Remuneraciones (Conarem).

En lo que respecta al establecimiento de responsabilidades y sanciones en torno al saqueo de las oficinas del fallecido notario, Jarrín anunció que han sido relevados de sus cargos el comandante de la Tercera División de Ejército, general Julio Mancheno, y los comandantes de la Brigada Nº 1 y Nº 27 (las dos unidades acantonadas en El Oro), coronel Luis Salvador y coronel William Granda, respectivamente.

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En la misma línea fueron dados de baja por mala conducta los tenientes coroneles Patricio Wladimir Enríquez González y Mario Luis Miño Razo; el mayor Fausto Patricio Rosas; y los capitanes Jorge Granda Flores, Francisco Moreno Acosta y Alfonso Espín Jaramillo. Todos ellos participaron del saqueo en las oficinas de Cabrera.

Adicionalmente están bajo investigación el brigadier Leonardo Barreiro Muñoz, comandante del Comando de Transporte Aéreo y del Ala Nº 11 y también el brigadier José Bohórquez. En igual situación están cuatro mayores del Ejército, doce oficiales, un suboficial, cinco miembros de tropa y un empleado civil de la FAE. Este personal está implicado en el uso de dos aviones en la operación de ‘rescate’ de depósitos entregados a Cabrera.