El Congreso aprobó la ley que concede beneficios tributarios para proyectos de fuerte inversión en determinadas áreas. La ley mereció muchas críticas, tanto de la Directora del SRI, que el Estado pierde rentas; y de importantes economistas, que el beneficio tributario no es tan buena herramienta para atraer inversiones, como las reformas estructurales.

Cierto es que las reformas estructurales son una mejor opción; pero los poderes públicos no han estado dispuestos a adoptarlas. Mejor esto que nada. Y tiene razón Nebot en que no se pierden impuestos, porque se trata de inversiones que de lo contrario no tendrían lugar.

Interpreto la gestión del Alcalde de Guayaquil por la aprobación de esta ley, en el sentido que la administración municipal está entrando en una tercera etapa: primero, la de Febres-Cordero, de poner orden en el caos e iniciar Malecón 2000; segundo, Nebot de continuar con Malecón 2000 y llevar la regeneración urbana a toda la ciudad; y ahora, se buscaría recuperar la base productiva de la ciudad, que fue la más golpeada por la crisis de 1999, en la que incluso cedió a Quito ser el centro financiero del país.

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Un primer proyecto de inversión para aprovechar los beneficios de la ley podría ser un gran puerto de aguas profundas y de transferencia, proyecto tras el cual también está Manta. Que ambas compitan por el proyecto es lo saludable.

Guayaquil tiene la ventaja que ya es un puerto de primer orden, con la presencia de las empresas usuarias y proveedoras de servicios, posee mano de obra en abundancia, personas capacitadas en todos los servicios que se puedan necesitar, más las necesidades propias de una ciudad de más de 2 millones de habitantes.

Un gran puerto en Posorja con administración concesionada, sumado a la ley, convertiría el área en un imán para proyectos de inversión destinados a la exportación. El principal talón de Aquiles sería la falta de servicio de energía eléctrica confiable y de buen precio.

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Pero Posorja queda justamente en el centro de un área de excelentes posibilidades de encontrar gas, que va de Progreso hasta Puná; de hallarse gas y utilizárselo para generar electricidad, las industrias podrían firmar contratos directos de compra con la planta generadora y asegurar el abastecimiento.

El gas, a diferencia del petróleo, es muy costoso de transportar sobre grandes distancias (hay que convertirlo de gas a líquido, y luego al arribo, reversar el proceso). Debido a la fuerte elevación del precio del combustible, las empresas petroquímicas en los países desarrollados que lo requieren están contemplando que, para poder competir con las nuevas potencias industriales del Asia, necesitan reubicar sus plantas en donde esta materia prima exista en abundancia. Encontrar gas en la Península y en Puná sería un tercer elemento para convertir al cantón Guayaquil en importante centro industrial.

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Lastimosamente, esto es un sueño imposible: el Gobierno ha optado por no firmar el contrato con la firma que estaba dispuesta a hacer la inversión de riesgo para encontrar el gas. El criterio oficial parece ser que el Ecuador se beneficia más de no aprovechar este recurso natural.

Quizás la próxima competencia que debe reclamar la provincia es la de aprovechar sus recursos naturales, dada la nula gestión del Gobierno central.